CIUDAD DE MÉXICO.-El Gobierno de México acusó a decenas de jueces de favorecer a presuntos delincuentes, es alarmante número de determinaciones judiciales, que lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden.
Omar García Harchuf, secretario de Seguridad Ciudad dijo que «lamentablemente también tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes».
«En el período comprendido entre 2024 y lo que va del 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales, que lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden.
«Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos».
Derivado de estas determinaciones se han concretado:
• 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos. Lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles.
• Además de 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del proceso.
Esto pese a que Prevención y Reinserción Social de la propia Secretaría consideró no viables los traslados, ya que dichas personas se encuentran en reclusión por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de Uso Exclusivo del Ejército, así como delitos diversos de alto impacto.
Por ello, en su mayoría estos sujetos requerían medidas de seguridad específicas que no fueron tomadas en cuenta para sus traslados a penales de mínima seguridad.
Por ejemplo, el Juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ha resuelto medidas que han facilitado la liberación de personas procesadas por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción.
La más reciente fue el 24 de abril con el egreso de Gerardo Ponce Alanís, identificado como uno de los líderes del Cártel del Pacífico, quien fue trasladado al Centro Estatal de Aguaruto, Sinaloa, para cumplir con la medida de prisión preventiva.
En dicho penal estatal, el pasado lunes se realizó un operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado, con apoyo de la Guardia Nacional, se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, cuchillos, droga, dinero en efectivo, etcétera.
Otros casos representativos del juez Gregorio Salazar, por ejemplo:
• En enero de 2023, ordenó la libertad de Mario Alberto “N”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.
• En mazo de 2024, dictó Auto de No Vinculación a Proceso a Juan Enrique “N”, alias “La Pingua”, operador del Cártel del Golfo facción de “Los Escorpiones”.
• En noviembre de 2024, revocó la medida de prisión preventiva de José Alfredo “N”, alias “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo y revocó la medida de prisión preventiva a Eduardo Alejandro “N”, vinculado con otros delitos.
Entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados; destaca Silvestre Peña Crespo con cinco resoluciones de traslado entre CEFERESOS, de personas privadas de la libertad vinculadas con delitos de alto impacto como secuestro, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores, portación de arma de fuego y otros delitos.
De los 42 juzgadores que han favorecido con 164 egresos por cambio en medida cautelar, encabezan la lista Enrique Hernández Miranda de Sonora, con 58 resoluciones y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones.
Quiero destacar que de octubre del 2024 a abril del 2025, fueron liberadas 26 personas que pertenecían a diferentes organizaciones criminales como Cártel de Sinaloa, Golfo Jalisco, Familia Michoacana, Zetas, Los Rojos, etcétera.
Por mencionar algunos casos:
• En febrero del presente año se dio a conocer la detención de José Alonso “N”, colaborador de Kevin “N”, alias “El 200”, jefe de seguridad en la facción “Los Chapitos”.
José Alonso “N” realizaba ejecuciones para el grupo delictivo y se le relaciona con delitos con operaciones de recursos de procedencia ilícita y portación de arma de fuego, sin embargo, el 27 de febrero un juez determinó que no sería vinculado a proceso y ordenó su inmediata libertad.
• De igual manera, el 31 de octubre de 2024, una jueza de Guerrero determinó Auto de Libertad a Nabor “N”, alias “El Camaleón”, quien fuera jefe de plaza de “La Familia Michoacana” y esta persona había realizado el secuestro de siete elementos de una institución de seguridad pública en el año 2009.
• El 10 de abril de 2025, Francisco Javier “N”, alias “M 60”, jefe de plaza de “La Familia Michoacana”, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria, dejando a las víctimas que fueron privadas de la libertad en un estado de indefensión.
Nicolás Armando “N”, del Cártel del Golfo, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria el pasado 15 de abril.
A pesar del grado de peligrosidad con el que han sido catalogados estos generadores de violencia diversos juzgadores emitieron órdenes para que obtuvieran su libertad mediante sentencias absolutorias, auto de libertad y no Vinculación a proceso.
Quiero destacar otro caso relevante, el pasado 27 de febrero, informamos el traslado a los Estados Unidos de 29 personas con vínculos con organizaciones criminales, entre ellas, se encontraban Miguel Ángel “N”, alias “Z-40”, líder de “Los Zetas” y fundador del Cártel del Noreste; Oscar “N”, alias “Z-42”, del mismo grupo delictivo, quien fue considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En el caso de Oscar “N”, estuvo sujeto a un procedimiento de extradición requerido por el gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa y contra la salud, el cual fue pospuesto en 54 ocasiones por diferentes jueces, como aquí lo informó en su momento el Dr. Alejandro Gertz Manero.
Con respecto a Miguel Ángel “N”, era requerido por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, lavado de dinero e introducción de armas de fuego, su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones por siete jueces.
Ustedes saben el esfuerzo que realizan nuestros compañeros y compañeras de las diferentes instituciones de seguridad para llevar a cabo estas detenciones, donde muchas veces ponen en riesgo sus propias vidas.
Por ello, es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes.
El Gabinete de Seguridad, bajo la conducción de la Presidenta Claudia Sheinbaum continuará con las detenciones y operaciones relevantes para continuar sacando de las calles a los generadores de violencia.
