Ciudad de México, 27 de junio de 2025 – El Grupo empresarial Salinas, propiedad de Elektra, TV Azteca y Banco Azteca adeuda al gobierno federal 74 mil millones de pesos en impuestos no pagados, según un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El documento, titulado «Adeudos de impuestos y estrategias de un grupo empresarial en perjuicio del pueblo de México», acusa al grupo propiedad de Ricardo Salinas Gortari, de emplear tácticas legales para retrasar indefinidamente el pago, socavando el sistema de justicia fiscal y privando de recursos públicos destinados al pueblo mexicano.
La SHCP detalla que el grupo está involucrado en 32 litigios fiscales en diversos órganos judiciales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunales Colegiados de Circuito, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras instancias. Los casos, algunos desde 2008, involucran sumas significativas: tres casos en la SCJN representan 26 mil millones de pesos, aproximadamente un tercio de la deuda total. Otros casos incluyen 20 mil millones en Tribunales Colegiados, 8 mil millones en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 20 mil millones en otras cortes.
El informe describe el «modus operandi» del grupo: incumplir con las obligaciones fiscales, desafiar auditorías mediante múltiples apelaciones judiciales y presentar recusaciones contra jueces que fallan en su contra, alegando sesgo personal. Esta estrategia, según la SHCP, explota el sistema legal para retrasar resoluciones, con algunos casos prolongándose hasta 16 años. Por ejemplo, un caso fiscal de 2008 vio al Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciar una revisión en 2009, determinar omisiones fiscales en 2013 y enfrentar litigios prolongados de 2016 a 2024, incluyendo apelaciones y recusaciones.
La SHCP enfatiza que los procedimientos del SAT se alinean con criterios de la Suprema Corte, confirmando la legalidad de las determinaciones fiscales. El informe acusa al grupo de prolongar conscientemente los litigios a pesar de carecer de fundamentos legales, aprovechando recursos corporativos y, en algunos casos, intimidando a servidores públicos. También critica a ciertos jueces por retrasar fallos, violando los principios constitucionales de una justicia pronta e imparcial.
El documento subraya que los 74 mil millones de pesos no recuperados podrían financiar servicios públicos esenciales. La SHCP asegura que estas «prácticas nocivas» ya no tendrán éxito y promete recuperar los fondos para el beneficio de los ciudadanos mexicanos. El informe coincide con la designación de 2025 como el «Año de la Mujer Indígena», señalando un compromiso más amplio con la equidad social.
La SHCP garantiza que los derechos de audiencia y defensa legal del grupo empresarial han sido respetados durante las auditorías, revisiones administrativas y procedimientos judiciales. Sin embargo, condena las tácticas del grupo como perjudiciales para el bienestar nacional y aboga por reformas judiciales para prevenir tales retrasos.
