A pesar del escándalo que involucra a agentes estatales en un cateo presuntamente ilegal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) se limitó a informar, sin mayor claridad, que Oziel Arturo García Hernández dejó la dirección de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) por “cuestiones de salud”. La institución no confirmó si fue una renuncia o una destitución, dejando más dudas que respuestas.
La salida de García Hernández ocurre a menos de una semana de un operativo altamente cuestionado, llevado a cabo el 28 de julio en el fraccionamiento privado Balboa Residencial, en Mexicali, donde participaron cerca de 20 agentes de la FESC.
El operativo se realizó aparentemente sin respaldo legal alguno, lo que ha levantado sospechas sobre el abuso sistemático de poder dentro de la corporación.
La denuncia formal fue presentada por una agente de la Fiscalía General del Estado, destacada en Tijuana, quien acusó a los oficiales de irrumpir en su domicilio, someter y golpear a su esposo, amenazarla con incriminarla con drogas, y sustraer 200 mil pesos en efectivo, joyería y artículos personales. La denuncia quedó registrada bajo el Número Único de Caso 0202-2025-20580.
A pesar de la gravedad de los hechos, la SSCBC solo ha iniciado investigaciones contra cuatro elementos, aunque el operativo involucró a al menos una veintena de uniformados.
El titular de la Secretaría, Laureano Carrillo Rodríguez, justificó la actuación diciendo que se trató de una investigación de meses o que se respondió a una llamada al 911 por violencia familiar, versiones que resultan contradictorias y poco convincentes ante la falta de órdenes judiciales.
La actuación institucional, marcada por la escasa claridad y la renuencia a ofrecer explicaciones contundentes, refuerza la percepción pública de impunidad dentro de las fuerzas de seguridad estatales.
