MEXICALI.-Alfredo Álvarez Cárdenas, Secretario General de Gobierno de Baja California en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha enfrentado críticas por una serie de errores políticos que han generado controversias y desgaste para el gobierno estatal. Aunque es reconocido por su experiencia en resolver conflictos, su gestión reactiva, falta de diálogo inclusivo y descoordinación comunicativa han opacado su desempeño.
A continuación, se detallan los 10 principales errores políticos que han marcado su trayectoria en 2025, basados en fuentes disponibles y análisis periodístico.
- Ataque a la libertad de prensa:
En agosto de 2025, Álvarez solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) citar a la periodista Dianeth Pérez Arreola, de Brújula News, tras preguntas incómodas sobre una licitación y posibles nexos con el crimen organizado. Organizaciones como Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos condenaron la acción como un acto de intimidación que vulnera la libertad de prensa y el derecho a la confidencialidad de las fuentes. Las críticas señalaron que Álvarez tergiversó las declaraciones de la periodista, erosionando la credibilidad institucional del gobierno. Esta decisión, tomada sin una estrategia comunicativa clara, amplificó el rechazo de medios y sociedad civil. - Gestión reactiva de conflictos sociales:
Álvarez ha demostrado habilidad para resolver conflictos, como el bloqueo de pescadores en Ensenada en julio de 2025 o las demandas de jornaleros en San Quintín. Sin embargo, sectores sociales lo acusan de actuar solo para “apagar fuegos” generados por la falta de planeación de otros funcionarios. Esta percepción de ineficacia estratégica refleja una incapacidad para prevenir conflictos, dejando al gobierno en una postura reactiva que no aborda las causas estructurales de las protestas. - Errores en la regularización de tierras:
El bloqueo en la comunidad Maclovio Rojas, derivado de errores en 11 títulos de propiedad, expuso fallas administrativas en la regularización de tierras, un tema sensible en Baja California. Álvarez calificó el bloqueo como “desproporcionado”, pero su manejo reactivo no evitó el impacto en 81 mil pasajeros ni las pérdidas económicas. Esta crisis evidenció una falta de coordinación para garantizar procesos transparentes y prevenir conflictos sociales. - Exclusión en la reforma al Issstecali:
La propuesta de reforma al Issstecali en 2024, destinada a resolver una crisis financiera con pasivos de 230 mil millones de pesos, generó rechazo por la exclusión de sindicatos como el SNTE y el Sindicato de Burócratas Sección Mexicali. Líderes como Victoria Bentley y Selene Cota criticaron la falta de diálogo y transparencia, acusando al gobierno de opacidad. Álvarez, como encargado de la política interna, no logró articular un proceso inclusivo ni una narrativa que legitimara la reforma, alimentando la desconfianza y polarización entre los trabajadores. - Tensión con colectivos de desaparecidos:
La reubicación de la Comisión de Búsqueda de Tijuana en enero de 2025 y la renovación de su personal sin considerar la experiencia previa desataron críticas de 22 colectivos de búsqueda de desaparecidos. Estas decisiones unilaterales, sumadas a la falta de acompañamiento institucional y protocolos claros, agravaron la percepción de abandono en un estado con más de 42 mil desapariciones reportadas desde 2006. La comunicación ineficaz de Álvarez no logró transmitir compromiso con las víctimas, dañando la relación con estos grupos clave. - Mala gestión de la crisis de la visa de Marina del Pilar:
La revocación de las visas de Marina del Pilar y su esposo, Carlos Torres, por el Departamento de Estado de EE.UU. en mayo de 2025 desató especulaciones sobre nexos con el crimen organizado. Álvarez no coordinó una estrategia efectiva para controlar la narrativa, permitiendo que la oposición (PAN) y medios como Gustavo Macalpin capitalizaran la controversia. La falta de comunicados claros y la negativa de la gobernadora a responder preguntas en conferencias reforzaron la percepción de opacidad, un error atribuible a la descoordinación de Álvarez. - Reemplacamiento: confusión y retractación:
El anuncio del reemplacamiento vehicular en 2025, con un costo de $1,828 MXN, generó confusión por mensajes contradictorios: mientras el SATBC lo presentó como obligatorio, Marina del Pilar lo aclaró como opcional para vehículos al corriente. Álvarez no anticipó el rechazo ciudadano ni propuso incentivos, como los usados entre 2017 y 2021 (condonación de multas), lo que llevó a una retractación parcial. Esta falta de claridad comunicativa reflejó una estrategia política deficiente. - Protocolo de manifestaciones: un retroceso político:
El Protocolo Estatal para la Prevención de Manifestaciones, publicado en julio de 2025, buscaba regular protestas, pero fue rechazado por colectivos sociales y activistas, quienes lo calificaron como un intento de restringir el derecho a la manifestación. La falta de consulta previa con grupos como los colectivos de desaparecidos y la ausencia de una campaña explicativa generaron 15 amparos legales y suspensiones provisionales en agosto de 2025. Álvarez no logró legitimar la medida ni construir consensos, lo que marcó un retroceso significativo para la administración. - Descoordinación con dependencias de inclusión social:
A pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género (SISIG) y la Secretaría de Bienestar en programas para pueblos indígenas, personas con discapacidad y exreclusos, Álvarez no integró estas iniciativas en una estrategia política más amplia. Por ejemplo, la certificación de intérpretes en lenguas indígenas no se vinculó con un diálogo robusto para mitigar conflictos como el del protocolo de manifestaciones, lo que debilitó el impacto de estas políticas. - Descoordinación con la Dirección de Comunicación Social:
Álvarez ha mostrado descoordinación con Jesús Manuel López Romandía, Director de Comunicación Social desde junio de 2024. Su intervención directa en crisis, como la solicitud a la FGR contra la periodista Pérez Arreola, no se alineó con una estrategia comunicativa unificada. La falta de campañas proactivas para explicar el protocolo de manifestaciones o el reemplacamiento, y la ausencia de una narrativa empática en temas como las desapariciones, reflejan una gestión reactiva que ha opacado los esfuerzos de Romandía por construir una imagen sólida del gobierno.
Una gestión de claroscuros
A pesar de las críticas, Álvarez ha sido elogiado por su capacidad para resolver conflictos puntuales, como el bloqueo de Maclovio Rojas o las negociaciones con sectores empresariales y obreros. Sin embargo, su enfoque reactivo, la falta de diálogo inclusivo y la descoordinación con la Dirección de Comunicación Social han generado un desgaste político para la administración de Marina del Pilar.
En un contexto de inseguridad y crisis social en Baja California, donde la percepción de ineficacia puede amplificarse, estos errores destacan la necesidad de una estrategia más proactiva y coordinada.Nota:
Pie de página: Este análisis se elaboró con apoyo de inteligencia artificial, basándose en fuentes disponibles y un enfoque periodístico.