MEXICALI.-El reciente asesinato de Abel Roberto Román Bojórquez, nieto de 18 años de la buscadora Patricia “Paty” Orozco en San Felipe, reavivó las críticas de colectivos de búsqueda hacia las autoridades estatales por la falta de medidas de protección.
En un pronunciamiento conjunto, las agrupaciones denunciaron que la familia de Orozco había recibido amenazas previas y que, a pesar de haber solicitado respaldo, nunca se activó el mecanismo estatal de protección para defensores de derechos humanos y activistas.
Ante estas declaraciones, la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, aseguró que sí se otorgaron medidas: “Inclusive intervino la Secretaría General de Gobierno”, afirmó. La funcionaria también puntualizó que existen “evidencias que refuerzan otras líneas ajenas a la desaparición del familiar del 2022”, sin descartar ninguna hipótesis en torno al reciente homicidio.
La fiscal recordó que por la desaparición del hijo de Orozco, registrada en 2022, ya hay dos personas vinculadas a proceso.
Mientras tanto, colectivos de Baja California insisten en que este nuevo ataque refleja la vulnerabilidad en la que viven quienes buscan a sus familiares desaparecidos y demandan que el Estado cumpla con las medidas de seguridad prometidas.
