MEXICALI.-El presidente del Distrito de Riego, que administran los usuarios del Río Colorado, Juan Carlos Fierro y el dirigente de productores de trigo, Horacio Gómez, no van engañarnos de que el agua se ha convertido en una mercancía de la zona de Mexicali a Tijuana, desdibujando una agricultura del Valle Cachanilla, para enriquecer a unos cuantos.En el Valle de Mexicali, Baja California, se libra una batalla que resume el drama hídrico mexicano: de un lado, miles de agricultores familiares que enfrentan sequías históricas; del otro, un puñado de grandes productores y empresarios que, hasta hace poco, ganaban millones de pesos vendiendo agua del río Colorado a la próspera zona costa (Tijuana–Rosarito–Ensenada), mientras sus propias tierras quedaban supuestamente “sin riego”.
Eso defienden el líder de los trigueros Horacio Gómez y Juan Carlos Fierro.
Las reformas a la Ley Nacional de Aguas, aprobadas en 2024 y reglamentadas este 2025, buscan terminar con ese negocio. Prohíben la venta especulativa de derechos de agua entre cuencas y obligan a que el volumen concesionado se use efectivamente en la parcela asignada o se revierta al dominio público.
Parece de sentido común; sin embargo, desató una feroz oposición justo de quienes más se beneficiaban.Según datos de la Conagua, entre 2018 y 2023 se transfirieron al menos 250 millones de metros cúbicos anuales del Distrito de Riego 014 (Valle de Mexicali) hacia la costa, a precios que oscilaban entre 6 y 12 pesos el metro cúbico. Eso representa ingresos de hasta 2,500 millones de pesos al año para un grupo reducido de concesionarios, muchos de ellos con parcelas “fantasma” o cultivos de bajo requerimiento hídrico. Mientras, el módulo de riego local acumulaba adeudos de energía eléctrica y sus usuarios veían reducidos sus turnos de riego.Los opositores a la reforma hablan ahora de “expropiación” y “ataque al campo”.
Olvidan mencionar que, con la nueva ley, el agua que antes se vendía a la costa regresa al valle para garantizar la producción de trigo, algodón y hortalizas que alimentan al país. También olvidan que la costa tiene alternativas: plantas desaladoras en operación (Rosarito I) y en construcción (Ensenada y San Quintín), además de la posibilidad de reutilizar aguas residuales tratadas, como ya hace Israel con el 87 % de sus efluentes.
El Valle de Mexicali no necesita seguir siendo el banco de agua privado de nadie. Necesita certeza jurídica, infraestructura eficiente y, sobre todo, que el líquido deje de ser mercancía para convertirse nuevamente en bien público.
Las reformas no son perfectas, pero cortan de tajo un esquema que enriqueció a unos cuantos mientras secaba al resto. En el desierto, el agua no miente: siempre termina mostrando quien la usaba y quién la vendía.
