Durante la glosa del Poder Judicial surgió una afirmación que encendió la discusión: gran parte de los diferimientos en las audiencias obedecen a que los agentes del Ministerio Público no llegan listos para desahogar las diligencias. De acuerdo con uno de los licenciados presentes en la comparecencia, el 80% de los retrasos se originan por esta causa.
El representante del Poder Judicial explicó que, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) solicita tiempo adicional para revisar datos o integrar información faltante, los jueces se ven obligados a mover fechas y reagendar procesos. Añadió que el resto de los diferimientos se reparten entre tácticas dilatorias por parte de defensores y fallas en las notificaciones que corresponden al Tribunal.
En este punto, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia, Alejandro Isaac Fragozo López, reconoció limitaciones internas. Precisó que en Mexicali cuentan únicamente con 12 notificadores y en Tijuana con 8, situación que complica cumplir con los tiempos procesales. Además, hizo un llamado a la Fiscalía para mejorar la coordinación y evitar que la carga administrativa se convierta en un círculo de simulación que termine por afectar a la ciudadanía.
Tras las observaciones expuestas durante la comparecencia, la fiscal general del estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, dijo desconocer las declaraciones y afirmó que le gustaría escucharlas directamente antes de emitir una postura. Sostuvo que la relación con el Tribunal se ha caracterizado por una coordinación inédita y reiteró que, si existe algo que deba corregirse, la institución está dispuesta a hacerlo.
