Comunicado de prensa
Se aprobó por unanimidad el dictamen de las iniciativas presentadas por la Red de Mujeres Unidas por Baja California AC, la diputada Michel Sánchez y el diputado Jaime Cantón
Mexicali, B.C., jueves 26 de marzo de 2026.- El Congreso del Estado de Baja California aprobó por unanimidad el dictamen número 80 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, respecto a las iniciativas de reforma y adición al Código Penal estatal, en materia de cohabitación forzada de personas.
Las iniciativas presentadas por la presentadas por la Red de Mujeres Unidas por Baja California A.C, la diputada Michel Sánchez Allende y el diputado Jaime Cantón Rocha, buscan fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables, a través de la visibilización de prácticas que, si bien son socialmente percibidas como “normales” o “tradiciones”, en realidad constituyen actos de violencia o explotación.
El Pleno reconoció que, aunque el matrimonio infantil está prohibido en México, persisten uniones informales que reproducen condiciones de desigualdad, control y violencia, afectando el desarrollo integral y el proyecto de vida de las víctimas.
La reforma incorpora un nuevo capítulo al Código Penal estatal, para establecer sanciones específicas a quienes cometan el delito de cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, establece penas de ocho a quince años de prisión, así como sanciones económicas a quienes incurran en este delito, mismas que se incrementarán en casos donde exista parentesco entre la víctima y el agresor, así como cuando se trate de personas pertenecientes a comunidades indígenas o afromexicanas.
La creación de este tipo penal fortalece el principio del interés superior de la niñez y armoniza la legislación local con el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos.
Las y los legisladores destacaron que esta reforma también permite cerrar vacíos legales, al reconocer que estas prácticas no siempre implican violencia física inmediata, sino que se configuran mediante procesos de manipulación, coerción o presión sostenida en el tiempo.
Con esta aprobación, el Congreso del Estado avanza en la construcción de un entorno más seguro y justo para las infancias, al establecer herramientas legales claras para prevenir, sancionar y erradicar prácticas que vulneran la dignidad de este sector de la población.
