Comunicado de prensa
Con la aprobación de este dictamen, Baja California da un paso firme hacia un sistema electoral más inclusivo, equitativo y representativo
Además, aprueban iniciativa de la Gobernadora del Estado que renueva el marco legal en materia de transparencia y protección de datos personales
Mexicali, B.C., lunes 8 de septiembre de 2025.- En sesión ordinaria del a Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Manuel Molina García, aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el segundo párrafo del artículo 139 de la Ley Electoral del Estado, con el objetivo de garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular.
La iniciativa, presentada el 21 de abril de 2025 por las diputaciones Michelle Tejeda, Alejandra Ang, Gloria Miramontes, Humberto Valle, Montserrat Murillo, Maythé Méndez, Fidel Mogollón, Diego Lara y Jorge Ramos, responde al mandato constitucional de no discriminación y al principio de representación efectiva de sectores vulnerables.
Cabe recordar que, en cumplimiento de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inválida una parte del artículo 139 de la Ley Electoral de Baja California por excluir a las personas con discapacidad, el Congreso del Estado llevó a cabo una consulta pública previa, libre e informada, con más de 1,200 participantes de todos los municipios, incluyendo personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y organizaciones civiles.
Con la aprobación de este dictamen, Baja California da un paso firme hacia un sistema electoral más inclusivo, equitativo y representativo.
La Comisión también aprobó la iniciativa presentada por la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, que propone expedir una nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional, así como una Ley de Protección de Datos Personales para el sector público del Estado de Baja California.
Además, se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para adecuar el marco estatal a los nuevos lineamientos federales en la materia. Esta propuesta responde a las recientes reformas constitucionales y leyes generales publicadas a nivel nacional, y busca consolidar un sistema local que promueva la transparencia activa, el acceso efectivo a la información y la protección de datos personales como derechos fundamentales.
