Comunicado de prensa
Ensenada, Baja California, 11 de octubre de 2025. La ciudad de Ensenada se encuentra sumida en una crisis de seguridad sin precedentes, donde la violencia y la impunidad han alcanzado niveles insostenibles. Esta escalada amenaza directamente la economía local, la paz social y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, según advierte Edgar Hernández González, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública y coordinador de la Comisión de Seguridad del CCEE.
Hernández González subraya un alarmante cambio en el patrón delictivo. Los tradicionales «ajustes de cuentas» han sido reemplazados por una ola de ataques dirigidos directamente a la economía formal. Empresarios del sector pesquero y profesionistas con profundas raíces en la comunidad han sido brutalmente ejecutados a plena luz del día. Además, incendios intencionales y ataques con bombas Molotov han devastado oficinas, transporte de cooperativas y restaurantes, afectando a figuras reconocidas de la comunidad. La impunidad es un factor agravante, ya que los pocos detenidos son meros subordinados, mientras los verdaderos responsables operan con total libertad. «Arrestar a dos sicarios en un estado con 1,200 homicidios al año no inhibe el delito», sentencia Hernández, enfatizando la ineficacia de las acciones actuales.
La gravedad de la crisis quedó crudamente expuesta con el reciente ataque a dos oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), una de ellas ubicada estratégicamente cerca de instalaciones de la FESC, Guardia Nacional, SEDENA y FGR. La ausencia de una respuesta de seguridad efectiva ante este incidente refleja una incapacidad alarmante por parte de las autoridades. Un suceso similar en Tijuana, donde las autoridades «desaparecieron» por días y solo reportaron tres detenciones, profundiza la desconfianza ciudadana. La pregunta resuena: ¿cómo confiar en instituciones que no pueden garantizar su propia protección?
Las estadísticas oficiales, que pretenden mostrar una disminución en la incidencia delictiva, son calificadas por Hernández como una falacia. La cifra negra en Ensenada se eleva a un preocupante 89.9%, lo que significa que nueve de cada diez delitos no son denunciados ni castigados. Ante esta cruda realidad, Hernández exige a la alcaldesa Claudia Agatón una intervención inmediata:
- La participación urgente del secretario Omar García Harfuch para implementar una estrategia federal de coordinación e inteligencia.
- Acciones disuasivas reales y contundentes por parte de la FGE, Guardia Nacional, SEDENA y SEMAR.
- El abandono inmediato de la narrativa complaciente basada en estadísticas que no reflejan la realidad.
La ciudadanía y el sector productivo de Ensenada demandan un entorno de paz y seguridad. Es imperativo un cambio radical en la estrategia para frenar la violencia y la impunidad que asfixian a la ciudad.
