El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. («DEA»), Terrance C. Cole, anunciaron hoy la desclasificación de una acusación que acusa a RUBEN ROCHA MOYA, ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ, ENRIQUE DÍAZ VEGA, DAMASO CASTRO ZAAVEDRA, MARCO ANTONIO ALMANZA AVILES, ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ, también conocido como «Cholo, » GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO DIONISIO HIPOLITO, también conocido como «Tornado», JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDIVIL y JUAN VALENZUELA MILLAN, también conocido como «Juanito», con tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. MILLAN también está acusado de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente, que resultaron en su muerte. Los acusados son todos altos funcionarios gubernamentales y de las fuerzas del orden en el Estado mexicano de Sinaloa («Sinaloa»), incluido el actual gobernador de Sinaloa, RUBÉN ROCHA MOYA, y se les alega que se asociaron con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

«El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas», dijo el fiscal federal Jay Clayton. «Tal y como queda al descubierto la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de tráfico de drogas similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y agentes de la ley corruptos en su nómina. El apoyo a funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes: independientemente de su título o posición, estamos comprometidos a llevarle ante la justicia.»

«El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas mortales, es una organización terrorista designada que depende de la corrupción y el soborno para impulsar la violencia y obtener beneficios», dijo el administrador de la DEA, Terrance Cole. «Esta acusación expone un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo vidas estadounidenses. Los acusados supuestamente usaron posiciones de confianza para proteger las operaciones del cártel, permitiendo así un flujo de drogas mortales en nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Estamos agradecidos a nuestros socios de EE. UU. y México, que eligen la integridad cada día y están a nuestro lado para proteger nuestras comunidades. Juntos, seguiremos ejerciendo una presión sostenida contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo apoyan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas.»

Según las acusaciones contenidas en la Acusación, otros documentos judiciales y declaraciones hechas durante los procedimientos judiciales:^[1]

El Cártel de Sinaloa (el «Cártel») es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha transformado el Estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del comercio global de narcóticos. Desde su base en Sinaloa, el Cártel ha trabajado con elementos criminales de todo el mundo—productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y políticos corruptos en toda Centroamérica y Sudamérica, y fabricantes de productos químicos precursores en China y otros lugares—para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos e infligir graves daños a comunidades de todo el país. El Cártel también ha llevado a cabo una violencia desenfrenada, incluyendo miles de asesinatos, en todo México y en otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos.

Para proteger y hacer crecer este imperio narcotráfico, el Cártel supuestamente se ha asociado con políticos corruptos y agentes de la ley, incluidos los acusados, que han abusado de su autoridad en apoyo al Cártel, han expuesto y sometido a víctimas a amenazas y violencia, y han vendido sus oficinas a cambio de sobornos masivos. De hecho, ciertos funcionarios policiales en México, incluidos, según se alega, a ciertos acusados, han participado directamente en la violencia y represalia del Cártel, incluyendo asesinar enemigos del Cártel y secuestrar a personas en México sospechosas de cooperar con las fuerzas del orden estadounidenses en esta investigación.

Los acusados en esta acusación son funcionarios actuales y anteriores del gobierno o de las fuerzas del orden en Sinaloa. Como se alega, cada uno de los acusados ha participado en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Los acusados han desempeñado diversos papeles esenciales para el Cártel: entre otras cosas, supuestamente han protegido a los líderes del Cártel de investigaciones, arrestos y procesamientos; provocó que se proporcionara información sensible de las fuerzas del orden y militares a miembros del Cártel y a traficantes de drogas aliados para ayudar en las actividades criminales del Cártel; ordenó a miembros de agencias estatales y locales de aplicación de la ley, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, para proteger las cargas de drogas almacenadas y en tránsito por México hacia Estados Unidos; y permitió que miembros del Cartel cometieran violencia brutal relacionada con las drogas sin consecuencias. A cambio, los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero de drogas del Cártel.

As alleged, the defendants have been most closely aligned with the faction of the Cartel run by the sons of Joaquin Archivaldo Guzman Loera, a/k/a “El Chapo,” the Cartel’s notorious former leader, who are themselves known collectively as the “Chapitos.”  The defendants have operated at all levels of government and law enforcement in Sinaloa and each abused their positions of trust and authority to help facilitate the Chapitos’ operations.  For example, ROCHA MOYA was elected Governor of Sinaloa, a position he has held since on or about November 1, 2021, after the Chapitos allegedly helped him get elected by, among other things, kidnapping and intimidating his rivals.  In exchange, both before and after he became Governor, ROCHA MOYA allegedly attended meetings with the Chapitos, at which he promised to protect the Chapitos as they distributed massive quantities of drugs to the United States and, as Governor, ROCHA MOYA has allowed the Chapitos to operate with impunity in Sinaloa.  Similarly, the other defendants have directly and repeatedly helped the Chapitos in exchange for massive drug-fueled bribes.  For example, ZAAVEDRA, who is the Deputy Attorney General for the Sinaloa State Attorney General’s Office, has received approximately $11,000 U.S. dollars each month from the Chapitos and, in exchange, has protected Chapitos members from arrest and informed the Chapitos of planned U.S.-backed law enforcement operations.

Certain of the defendants are also alleged to have themselves directly participated in the Cartel’s campaign of violence and retribution.  For example, MILLAN, a high-level commander in the Culiacan Municipal Police, allegedly received more than approximately $1,600 U.S. dollars each month from the Chapitos.  In exchange, MILLAN gave the Chapitos unfettered access to the Culiacan Municipal Police and used officers from the police force to help the Chapitos maintain their control over Culiacan, including through arrests, kidnappings, and murder.  In or about October 2023, MILLAN allegedly helped the Chapitos kidnap a DEA confidential source and the source’s relative, who the Chapitos then had tortured and killed, because the source was suspected of providing information to the Government in connection with this investigation.

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This Indictment is the latest in a series of indictments issued in this District since 2023, charging more than 30 members and associates of the Cartel, including members of the leadership of the Cartel, for their involvement in distributing massive quantities of narcotics into the United States and related crimes, which has resulted in a meaningful disruptive impact on the Cartel’s drug trafficking operations.

A chart containing the charges and minimum and maximum penalties each defendant faces is below.  All of the defendants are believed to currently reside in Mexico.

The statutory minimum and maximum penalties are prescribed by Congress and provided here for informational purposes only, as any sentencing of the defendants will be determined by a judge.

El Sr. Clayton elogió el destacado trabajo de investigación de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales y las oficinas de la DEA en México y Phoenix, así como la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia y del Gobierno de México. El Sr. Clayton también agradeció a las Fiscalías de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Illinois y el Distrito Sur de California, así como a la Sección de Blanqueo de Capitales, Narcóticos y Decomiso del Departamento de Justicia.

El Sr. Clayton también agradeció al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, una asociación de todo el gobierno dedicada a eliminar cárteles criminales, bandas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y tráfico de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero.

Esta acusación está siendo gestionada por la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales adjuntos de los Estados Unidos Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles están a cargo de la fiscalía.

Los cargos contenidos en la Acusación son meras acusaciones, y se presume que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

Lista de acusados por narcotráfico en EUA

1. Rúben Rocha- gobernador de Sinaloa

2. Enrique Inzunza – senador de Morena y expresidente del Poder Judicial de Sinaloa

3. Juan de Dios Gamez Mendivil- Presidente municipal sustituto de Culiacán

4. Enrique Díaz Vega- Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa

5. Damaso Castro Zaavedra- Vicefiscal de #Sinaloa

6. Alberto Jorge Contreras Núñez- Excomisario general de policía de investigación

7. Gerardo Mérida- Sánchez – Exsecretario de Seguridad de Sinaloa

8. José Antonio Dionisio Hipolito – , Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.

9. Juan Valenzuela Millán- Comandante policía municipal de Culiacán