MEXICALI.- La XXIII Legislatura aprobó la municipalización -en una votación dividida- de los organismos operadores de agua, que en la actualidad son paraestatales en manos del Poder Ejecutivo del Estado, ahora pasarán a formar parte del patrimonio de los Ayuntamientos.
13 votos a favor, 11 votos en contra y una abstención fue el resultado de la votación. La presidenta de la mesa directiva, diputada Eva Rodríguez, hizo la declaratoria de aprobación del Dictamen 4 de la Comisión de Energía.
El diputado Juan Manuel Molina, dijo que se abstuvo porque no se convocó a consulta a los alcaldes, no hubo información suficiente y análisis.
Previo a la sesión, el diputado con licencia, Fausto Gallardo, quiso votar, pero el suplente Alonso Edgardo Leyva, quien votó a favor. Detalle que hizo ver el legislador Javier Robles.
En sesión ordinaria del Congreso del Estado, el presidente de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputado, Elí Topete, leyó el Dictamen no. 04 de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, se aprueba la reforma a los artículos 1, 14, 15, 17, 19, 20, 52, 57, 67, 91, 101 y 108, así como la adición de los artículos 122, 123 y 124, todos respecto de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California; así como se aprueba la reforma al artículo 38 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.
Los Cabildos que acepten operar la operación del servicio de agua y drenaje, requerían la aprobación de mayoría de los miembros.
Para realizar la transición, la Secretaría General de Gobierno encabezará una comisión de transferencia, mientras tantos las Comisiones Estatales de Servicios Público, seguirán prestando el servicio de agua y drenaje, mientras se transfieren todos los recursos a los municipios respectivos.
El Decreto aprobado establece que San Felipe, San Quintín y Playas de Rosarito tendrán un año para contar con su respectiva comisión prestadora del servicio del agua.
Los empleados actuales tendrán salvaguardado sus derecho laborales, indica el Decreto en artículo transitorio 7.
La diputada de Morena, Rosina del Villar, señaló que está a favor en lo general del Dictamen 4, pero faltan elementos que deben tomarse en cuenta, como el hecho de no convocar a los alcaldes en funciones para analizar la Iniciativa.
«Por esa razón estoy dispuesta a dar mi voto, pero así no compañeros Diputados, necesitamos respetar el marco jurídico si queremos un Estado o un país dentro de la legalidad», expresó.
El diputado Javier Robles, dijo que la iniciativa llegó el 23 de julio y «nosotros nos vamos en tres días».
Se hizo caso omiso a disposiciones constitucionales, pero el caso omiso es el tiempo que mandó la Iniciativa, «estamos cayendo en los excesos, se debe hacer una consultoría pública, se debe hacer llamado a los alcaldes y a la propia gobernadora electa (Marina del Pilar), es una ofensa para la propia gobernadora y a la opinión pública, por tomar estas acciones tan arrebatadas».
La diputada del PAN, Eva María Vásquez, dijo que no le sorprende la premura por este Dictamen, esto se volvió una práctica legislativa.
La Iniciativa del gobernador Jaime Bonilla, apenas fue presentada el pasado 23 de julio, se dictamina el 26 y se quiere aprobar este día 28.
La panista dijo que cuando la transferencia del servicio afecte a la población, por eso se debe realizar estudio y planeación operativa, lo que afectaría esa transferencia de los municipios.
Llama la atención de la premura, porque es evidente que los mismos diputados no tienen información pertinente porque no hay dictamen financiero, de quien recibe y quien entrega, estableció.
No existen las condiciones financieras para realizar la transferencia a los municipios, indicó, por eso debe regresarse el Dictamen 4 a Comisión.
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