Mi más sentido pésame a Zaida y su hijo, Luis Carlos Haro.
Por Jaime Delgado
MEXICALI.- El semanario Zeta publicó una fotografía de Sergio Haro en la sección «Huellaz», fue su última participación en vida, se trata de una imagen de la confluencia que hacen los ríos Paraná e Iguazú. Fue a participar en un foro en Paraguay sobre la violencia contra el periodismo.
Precisamente en esa edición número 2252, Haro escribió su columna «Fuera de Libreta», la cual intituló «Escozores», directo y sin cortapisa, se dirigió a Víctor Islas Parra, director del periódico «El Mexicano», quien había reaccionado «con un tono visceral» -citó a Sergio Haro- «hizo temerarios señalamientos contra los reporteros de ZETA en Mexicali y la codirectora de Zeta en Tijuana.
«Aparte, del tema que aparentemente generó la furia nada se ha explicado y que tiene que ver con la justificación de recibir montos mensuales por un concepto “publicitario” nada claro. Se sabe que cuando se ordena publicidad en radio, tv o impresos queda la copia de lo publicado, con lo que se avala el pago de las facturas, por lo menos es el protocolo general para el pago de facturas».
Eso generó uno de los últimos reportajes publicados por Haro. Sustentaba todo, no se iba por supuestos, siempre buscó la prueba, y si uno la regaba siempre estaba para llamarte la atención. Fue un tutor que cuidó del gremio.
La muerte del periodista sinaloense de RioDoce, con quien coincidió en varios momentos, le cimbró hasta el alma. Nos dejó tarea al gremio: luchar por una red de periodistas.
Cuando conocí a Sergio Haro, hace más de 20 años, de inmediato nos unió el amor por este oficio. Fue él quien me ayudó a ingresar sin mayor contratiempo al sistema de trabajo de La Crónica. Me tocó verlo partir en su proyecto Siete Días, luego regresar al semanario Zeta y participar con su aliento o textos en otros proyectos más.
Fue un maestro de maestros, no le importaba edad, siempre miraba por nosotros.
Nos duele su partida, no estaba en el ajedrez de esta vida. Pero nos queda la escuela, su talante, la ética que inspiraba y la esperanza que siempre albergaba, pero luchando, peleando por la nota.
Mañana miércoles 31 de mayo a las 16:00 horas en la funeraria Gayoza de López Mateos en capilla, 4 serán velados los restos de nuestro compañero Sergio Haro para las personas que nos gusten acompañar.
FUERA DE LIBRETA: Escozores
Por Sergio Haro Cordero
La semana pasada publicamos un reportaje relacionado con le forma en que el Gobierno del Estado distribuye un pastel de 87 millones de pesos anuales por concepto de publicidad institucional bajo la premisa de la necesidad de regular esa práctica –de entrada porque se trata de dinero público, de políticas públicas- lo que ha sido un tema tabú en las diversas administraciones.
La noche del viernes tanto el teléfono como la aplicación Whatsupp parecieron conjuntarse al recibir comentarios y llamadas relacionadas con una publicación subida a las 10:43 en la página de redes sociales del periodista Víctor Islas Parra donde con un tono visceral hace temerarios señalamientos contra los reporteros de Zeta en Mexicali y la Codirectora en Tijuana. No habían pasado cuatro minutos y ya las solidarias llamadas nos estaban alertando.
Al primer párrafo luego de tres minutos le hicieron otro agregado, y otro más, ya en descontrol.
En el trabajo periodístico publicado en la edición 2251 de ZETA se incluía en la larga lista de medios, portales y periodistas el caso de la columna que en el diario El Mexicano publica diariamente Islas Parra, quien a la vez funge en Mexicali como director local del matutino. De acuerdo a los datos aportados por el área de transparencia, en los primeros tres meses del año el gobierno estatal que encabeza Kiko Vega le ha pagado cerca de 50 mil pesos mensuales.
Un par de horas después el comentario en la página de Facebook contra los tres periodistas de ZETA fue borrado y un poco después del mediodía del sábado 20 apareció en el mismo espacio la “explicación” de que la pagina había sido hackeada “usando mi nombre se difama” escribió Islas Parra.
El tema es sumamente delicado y no puede pasar desapercibido, sobre todo porque los señalamientos van hacia el descrédito de la moral de los periodistas y aunque exista la tesis de que las redes sociales no están reguladas, eso no significa que puedan utilizarse impunemente, aunque luego se trate de esconder la mano.
Este es un caso para Ripley y quizá mucha gente ni se enteró, pero la explicación resulta insuficiente, no creíble.
Aparte, del tema que aparentemente generó la furia nada se ha explicado y que tiene que ver con la justificación de recibir montos mensuales por un concepto “publicitario” nada claro. Se sabe que cuando se ordena publicidad en radio, tv o impresos queda la copia de lo publicado, con lo que se avala el pago de las facturas, por lo menos es el protocolo general para el pago de facturas.
El caso es que a un trabajo periodístico se responde con un absurdo infundio y lo peligroso del tema es que ha habido casos a nivel mundial donde inician con el descrédito a la persona buscando deslegitimar su trabajo y que han terminado abruptamente con agresiones a comunicadores críticos.
Defensores
El lunes pasado en las instalaciones de la Secretaria de Gobernación se reunieron funcionarios de todo el país con el Subsecretario Roberto Campa para analizar el tema del mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que desde hace cinco años se implementó desde el gobierno federal.
El contexto tiene que ver con el anuncio el martes de la semana pasada hecho por el presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que se fortalecerían las acciones del Mecanismo. Todo esto en la desafortunada coyuntura del asesinato en Culiacán el lunes 16 de mayo del periodista del semanario Riodoce Javier Valdez.
El Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ha sido sumamente criticado por su inoperancia, la prueba más fehaciente tiene que ver con el asesinato en Baja California Sur de un periodista que estaba protegido por el Mecanismo –contaba incluso con escolta, quien fue también agredido- o el más reciente y sintomático ocurrido apenas hace dos semanas en Tamaulipas con el asesinato dela activista Miriam Rodríguez.
El caso de la madre tamaulipeco dibuja a la perfección el clima de impunidad que se vive en Tamaulipas. Una hija de Miriam fue secuestrada y dos años después, ella misma localizó el cadáver de la joven. Le adjudicaron el secuestro y asesinato a un sicario del grupo Zetas quien fue detenido y encarcelado, pero en marzo pasado junto con otros 28 reos logaron escapar.
El pasado 10 de mayo un grupo armado llego a la residencia de la activista para asesinarla. Ella estaba bajo el Mecanismo de Protección.
El caso es que aquí en la entidad le tocará a la Secretaria General de Gobierno que encabeza Francisco Rueda el implementar ese reforzamiento anunciado por el presidente y como dato queda que actualmente en la entidad hay siete personas –la mayoría defensores- que están bajo ese mecanismo, aunque una de las primeras acciones será precisamente el de evaluar quienes y como necesitan ser protegidos. En países como Brasil y Paraguay el Mecanismo de Protección a Periodistas esta apenas en discusión y esperanzados han volteado a conocer el ejemplo mexicano el cual en la práctica ha dejado mucho que desear.
Concierto
En otros temas varios funcionarios estatales fueron los privilegiados con eso del concierto de Marc Anthony en Mexicali encabezados por el propio gobernador Francisco Vega y su esposa, Brenda Roacho. Aparte quienes se supone pagaron Zona Vip fueron Víctor Lujano y Guillermo Trejo, entre otros tantos.
El concierto del salsero neoyorquino se retrasó unos minutos debido a que la esposa del Gobernador insistió en tomarse –ella y uno de sus hijos- la foto con Anthony, lo que derivó en el enojo del staff de producción quienes después de la foto del artista con la Primera Dama optaron por no dejar pasar a otros enojados fans que ya estaban en fila. Son los privilegios del poder.
Pendientes
En el Congreso del Estado hay –al menos- dos asuntos pendientes, ambos importantes.
Uno tiene que ver con la creación de la Fiscalía Anticorrupción en donde el camino ya recorrido ha incluido una serie de foros, el pase a las Mesas Redactoras y actualmente los grupos técnicos del legislativo trabajan ya en la elaboración del Dictámen, aunque se supone que hay tiempo dado que el plazo vencería a mediados de julio. Uno delos puntos esenciales tiene que ver con la designación del titular, la cual parece que se definió para que sea por propuesta ciudadana pero aprobada por el Congreso. La otra tiene que ver con la integración del Consejo, acordándose que fuesen 11 ciudadanos y otros 11 propuestos desde la esfera gubernamental.