Durante el transcurso del sábado se estuvieron llevando a cabo operativos por parte de la Unidad Municipal del Transporte (UMT) y Tránsito Municipal en la ciudad de Ensenada, donde alrededor de 4 unidades Uber fueron retiradas por brindar servicio «sin concesión», informó el sitio San Diego Red con información de Frontera y El Vigia
LA SITUACIÓN SOBRE UBER Y LOS TRANSPORTISTAS LO DEBE RESOLVER EL CABILDO, Y NO DEBE SER USADO POR LA POLICÍA MUNICIPAL PARA CONFABULARSE, NI EJERCER VIOLENCIA O VULNERAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS: REGIDOR GILBERTO SÁNCHEZ
Comunicado de prensa
ENSENADA.-Ante la agresión de que fueron víctimas algunas personas que prestan servicio de transporte en sus unidades particulares pertenecientes a la Empresa UBER, es necesario que la Sindicatura actué toda vez que se presume un operativo que implica la premeditación en contra de estas personas, dijo el regidor del PBC del Ayuntamiento de Ensenada, Gilberto Sánchez.
La policía municipal no puede realizar o ser cómplices de llamadas falsas para solicitar el servicio de transporte para que cuando los operadores se presentaran en la dirección ofrecida fueran detenidos por elementos de seguridad pública municipal así como personal de la Unidad Municipal de Transporte, indicó.
Cabe recordar que la policía municipal tiene un carácter preventivo y no de investigación, ni de procuración de justicia y mucho menos esta para servirle a grupos de transportistas que se sienten agraviados por esta empresa, estableció el edil del PBC.
«Es por tal razón que le pediremos tanto al Síndico Procurador como a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que investiguen la actuación del personal de Tránsito de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que hayan participado en este hecho, en donde se puede presumir detención arbitraria, uso de violencia física en contra de las personas detenidas y abuso de autoridad. Hechos que se constituyen como violaciones a los derechos humanos», apuntó.
«Insistimos en que la policía municipal no es autoridad para someter, detener ni retener vehículos con el argumento de que esas personas prestan el servicio de transporte sin permiso ni autorización», comentó.
La situación sobre UBER y los transportistas lo debe resolver el Cabildo, y no debe ser usado por ninguna autoridad municipal para favorecer o afectar a nadie mientras no se resuelva legalmente esta controversia. Y la policía municipal no debe confabularse, ni ejercer violencia o vulnerar los derechos humanos de las personas que prestan el servicio de UBER, afirmó.