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Denuncia penal y juicio político contra ex alcalde de Tijuana Jorge Astiazarán

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Vendió terreno destinado para seguridad y actividades deportivas

TIJUANA (AFN).- La síndico municipal Ana Marcela Guzmán Valverde anunció que sí denunciarán penalmente al ex alcalde Jorge Astiazarán Orcí por la venta de un terreno “reservado” por el gobierno del Estado y sin precisar reconoció que lo harían “en los siguientes días”. Esto, no obstante que reconoció que el dinero de la transacción sí ingresó a las arcas municipales y que de pedir la administración estatal la restitución del predio tendrían que pagarle al actual dueño.

Por el momento la inhabilitación de Jorge Enrique Astiazarán Orcí, ex alcalde de Tijuana, es lo que busca el actual gobierno de la ciudad mediante un demanda de juicio político presentada este miércoles por la misma síndico y el consejero jurídico del ayuntamiento Leonardo Martínez Delgado, según confirmaron en conferencia de prensa.

La demanda corresponde, indicaron los mencionados, a la venta de un terreno conocido como “La Lanzadera” –que actualmente es usado por la empresa de transporte público Altisa-, localizado en el bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura de la zona llamada popularmente como “5 y 10”.

Después de presentada y ratificada la demanda ante el Congreso, ambos representantes del ayuntamiento local indicaron que el conflicto, estriba en que el gobierno del Estado donó al gobierno de la ciudad ese terreno el 2 de diciembre de 2010, etiquetado con “reserva de dominio” únicamente con fines deportivos y de seguridad pública. Sin embargo, insistieron en que  la administración lo vendió.

Señalaron a los regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo como quienes dictaminaron la venta el 15 de febrero de 2016, sin indicar su situación y refirieron que dos días después –el 17 de febrero- el cuerpo edilicio aprobó la desincorporación del terreno violando la Ley General de Bienes Inmuebles.

El propio Astiazarán Orcí, añadieron, signó el contrato de compraventa ante la Notaría Pública número 15, el día 15 de julio de 2016 y explicaron que la venta se hizo a una persona física. Según Guzmán Valverde, dadas las condiciones, el gobierno de Baja California podría solicitar la restitución del predio.

“Hubo irregularidades en esa venta, porque se vendió un inmueble con reserva de dominio, y cuando los bienes inmuebles están etiquetados a un uso exclusivo, y el ayuntamiento les da un uso diverso, está violentando esa reserva de dominio”, apuntó Martínez Delgado en la rueda de prensa realizada en Palacio Municipal.

El funcionario explicó que está establecido que el ayuntamiento requería la autorización del gobierno del Estado, que no la tuvo, y que el predio se vendió en cuatro millones de pesos.

“Vendió un inmueble que no es propiedad plena del ayuntamiento”, agregó. En el Registro Público de la Propiedad quedó determinado que el gobierno de Baja California se reservó el dominio.

La síndico señaló que corresponderá a los diputados locales –con un plazo de 30 días- determinar si procede el juicio político contra el ex alcalde y los regidores en términos de la supuesta malversación de un bien.

Sobre los regidores implicados reveló que se trata de los ex regidores Martín Plascencia Ávila, Martha Rubio Ponce y Jorge Escobar Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el ex edil Omar Sarabia Esparza, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ningún ex regidor panista, según advirtió, forma parte de la demanda. Por no firmar el dictamen, el ex edil Felipe Ledezma Gil –de esa comisión- fue excluido de responsabilidad.

Explicó Guzmán Valverde que la investigación se derivó del procedimiento que previamente se abrió en contra de  Marco Antonio Dueñas Soto, ex oficial mayor del ayuntamiento quien ya fue sancionado por esos hechos, dijo Guzmán Valverde sin especificar cuál fue dicha sanción.

Añadió que el ex funcionario presentó la demanda de nulidad de dicho procedimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo, entidad que recientemente otorgó una suspensión –que dijo provisional- a Carlos Mejía López, ex secretario general de Gobierno, por lo que la Sindicatura no puede sancionarlo por el momento. No obstante eso, comentó que de la averiguación contra Dueñas Soto se siguió esta otra “línea de investigación”.

Cuando fue cuestionada sobre por qué presentar la demanda un día antes de que se cumpliera un año de entregado el gobierno, Guzmán Valverde declaró que todavía están dentro del plazo legal –de un año para hacerlo- y que durante todo ese tiempo estuvieron recabando las pruebas. “Hasta ahorita fue el momento oportuno”, reiteró.

Martínez Delgado dijo por su parte que la administración tiene  pruebas contundentes en contra de Astiazarán Orcí y los ex regidores del PRI y el del PRD, como la Ley General de Bienes que determina que un predio con reserva de dominio no aw puede vender,  y menos sin autorización del gobernador en turno.

“Es más, afirmó, ante el notario público, cuando van y escrituran la venta, el ex presidente (municipal) declara con protesta de decir verdad que no hay ninguna licitación de dominio cuando sí la había, tenemos las pruebas categóricas para que proceda la sanción y se inhabilite a los denunciados”, argumentó.

Aunque para aprobar la venta de un terreno se necesita mayoría calificada del Cabildo, ni la Sindicatura ni la Consejería Jurídica reconocieron que sancionarán a los ediles que por unanimidad aprobaron la venta del predio, con el argumento de que la Comisión no informó al resto de los regidores sobre la venta del terreno.

Sobre lo dicho por Mejía López en el sentido de que se trata de una cortina de humo la demanda, Guzmán Valverde negó que así fuera y sobre el caso específico de este exfuncionario explicó que si bien el Tribunal Contencioso le otorgó una suspensión definitiva, la resolución no será emitida hasta febrero de 2018.

“Claro que no es una cortina de humo ni se trata de intereses políticos, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, porque luego la Sindicatura puede ser observada por no haber hecho lo propio”, dijo la síndico.

En los próximos días, la Sindicatura presentará una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). La demanda de hoy pide la inhabilitación, también se buscara que el ayuntamiento recupere el terreno y devuelva el dinero al particular.

Si bien fue la mayoría del Cabildo la que aprobó la venta, no se sancionará al resto de los regidores no pertenecientes a la Comisión, el argumento de la síndico es que esos regidores en particular “estaban obligados a antes de someter al pleno del Cabildo que se cumplieran con todos los requisitos, debieron haberse cerciorado que no contara con una limitante”.

La explicación de Martínez Delgado es que los regidores de la Comisión omitieron esa reserva de dominio “dolosamente” en la carpeta técnica.
Piden juicio político contra Astiazarán

*.- Anuncia también su inhabilitación

MEXICALI BC 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (AFN).- La Síndico Procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde y el Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Tijuana, Leonardo Martínez Delgado, presentaron en estos momentos (11:50 horas) una demanda de juicio político contra el ex alcalde de la ciudad Jorge Astiazarán Orcí y otros funcionarios de los que no adelantaron los nombres. Por otra parte, la síndico adelantó que habrá inhabilitación política para el ex munícipe.

La demanda, según anunció alcanza también a regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano durante su administración y fue presentada ante el Congreso estatal donde recibió la documentación ofrecida por los funcionarios, el presidente del Congreso, el priísta Édgar Benjamín Gómez Macías. Gómez Macías a su vez lo turnará a la Comisión Jurisdiccional este caso para que analice si lo presentan ante el Pleno del congreso, donde se formará una Comisión Instructora.

Los funcionarios municipales señalaron que durante el pasado Ayuntamiento, Astiazarán ivendió un predio donado por el gobierno del estado, el cual estaba etiquetado para fines de interés social. Dijeron también que el propósito de esta solicitud es además de inhabilitar a los funcionarios del pasado Ayuntamiento, sancionarlos por haber “afectado el patrimonio de Tijuana”.

El gobierno de la ciudad ofrecerá por la tarde una conferencia de prensa.

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