Por: Nicté Madrigal/Gato por Liebre
Acomodar en casas abandonadas a las cerca de 50 mil personas que son deportadas cada año por Baja California, es un proyecto que según Juan Antonio del Monte Madrigal, especialista en Procesos Sociales y Culturales, “tiene sentido” pero es inviable.
En el primer debate del Instituto Estatal Electoral (IEEBC) entre candidatos a gobernador, Enrique Acosta Fregoso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) prometió que asignará esas viviendas a “más de un millón 500 mil” mexicanos que han sido expulsados de otro país hacia esta entidad.
“Esa cifra es a todas luces exagerada”, comentó del Monte Madrigal, académico de la Universidad Iberoamericana en Tijuana.
“Además son casas que están pasando por complejos procesos de adjudicación, que no están del todo regularizadas, o peor aún, los servicios públicos no llegan a las zonas de estas casas”, agregó.
El especialista dijo a GatoxLiebre que del 2014 a la fecha han sido repatriados por Baja California alrededor de 300 mil personas sin documentos.
Comentó que la propuesta “tiene sentido en papel” y que serviría para brindar techo a miles de repatriados, pero dijo también que no existen datos para explicar cuántos repatriados permanecen en Baja California.
También opinó que a la propuesta deberían agregarse mecanismos legales y reglas de operación.
El Inventario Nacional de Vivienda, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dice que en Baja California existen alrededor de 76 mil viviendas desocupadas o abandonadas.
En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), en Ensenada, Alfredo Salazar Juárez explicó que la vivienda abandonada o desocupada, jurídicamente tiene un dueño.
Y que solo a través de un litigio se pueden recuperar por Infonavit.
Posteriormente se reconstruyen y se ponen a la venta bajo esquema crédito Infonavit, exclusivamente para derechohabientes de ese instituto.
“Para que la propuesta sea viable, tendría Infonavit que cambiar su propósito o el gobierno federal crear un programa especial para repatriados”, especificó.
La Ley de Edificaciones del estado de Baja California, en su artículo 56, establece que los municipios pueden girar órdenes de reparación o demolición cuando un predio con construcción se encuentre en estado de abandono que posibilite ser utilizado por terceras personas, pudiendo requerir al propietario o poseedor para ello.