Pide INE a Tribunal Electoral (TEPJF) dar certeza sobre mandato de Gobernador Electo

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Comunicado

El INE comienza la batalla legal para salvaguardar la democracia
en Baja California

Promueve acción declarativa en Juicio Electoral para solicitar al TEPJF dar
certeza sobre el mandato de dos años del próximo gobierno estatal

Se trata de un primer recurso legal para salvaguardar la voluntad ciudadana
expresada en las urnas el 2 de junio pasado y la certeza del proceso electoral

CIUDAD DE MÉXICO.-El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una acción declarativa, que se integró en expediente de Juicio Electoral, para que ésta determine con claridad
el periodo de dos años de la nueva gubernatura de Baja California, conforme a la
convocatoria original del proceso electoral y las sentencias consecutivas emitidas
por el propio Tribunal.
Se trata de un primer recurso legal interpuesto por el INE en defensa de la certeza
del proceso electoral celebrado en aquella entidad, en el que resultó ganador el hoy
gobernador electo Jaime Bonilla, para el periodo que corre del 1 de noviembre de
2019 al 31 de octubre de 2021.
El INE, a través del Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo, presentó esta acción
declarativa para efecto de que la Sala Superior disipe la incertidumbre jurídica
derivada de la aprobación de la reforma a la Constitución del estado de Baja
California que pretende ampliar el mandato hasta 2024, la cual fue hecha con
posterioridad a las elecciones del 2 de junio y publicada después de la declaración
de validez de las elecciones y la entrega de la constancia de mayoría, en la que
claramente se señaló el periodo de mandato, por dos años.
Es importante recordar que la Sala Superior del TEPJF determinó en el expediente
SUP-JRC-22/2019 dejar intocado el transitorio 8 del decreto 112, que modificó la
Constitución Política de Baja California, en el sentido de que el periodo de duración
Comunicado de Prensa del encargo del gobernador que resultara electo en el proceso electoral pasado en el estado sería por dos años.
No obstante, mediante el Decreto 351, por el que se reforma el artículo octavo
transitorio del citado decreto 112 de la Constitución Política de Baja California –
aprobado en julio y publicado hasta el pasado 17 de octubre–, se estableció que la
gubernatura electa en el proceso electoral de 2019 iniciará funciones el 1 de
noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024.
Cabe señalar que el Decreto 351 fue emitido con posterioridad a la declaración de
validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría respectiva, que
fueron el resultado legítimo de la voluntad ciudadana, que no puede ser alterada.
En su recurso, el INE establece que es necesaria la intervención de la máxima
autoridad jurisdiccional en la materia, porque se han puesto en entredicho los
alcances de la participación política de la ciudadanía, produciéndose un entorno de
incertidumbre incompatible con el carácter democrático y republicano de los
gobiernos electos popularmente.
Se considera procedente la acción declarativa, ya que están presentes los
siguientes elementos:
Una situación que produzca incertidumbre o falta de seguridad en un
posible derecho.
La posibilidad de que con esa situación se afecte o perjudique en
cualquier modo el derecho.
El dictado de una sentencia de declaración de certeza clarificará, con precisión, los
términos y alcances en los cuales se produjo el llamamiento a las urnas para renovar
la gubernatura del estado de Baja California y, consecuentemente, los efectos de la
voluntad ciudadana declarada en el cómputo de la entidad y materializada en la
constancia de mayoría y validez que, en su oportunidad, fue emitida por el
Organismo Público Local Electoral (OPLE).
El ejercicio de la acción declarativa otorgará a la ciudadanía y a las autoridades
electorales la certeza respecto del periodo que efectivamente debe permanecer en
el encargo el gobernador electo, ya que incorporar elementos de incertidumbre –
como lo es modificar el periodo de un gobierno electo después de los comicios y de
la declaración de validez del proceso electoral– podría producir un daño al
electorado en su conjunto, al sistema democrático y a la función electoral que tienen
a su cargo el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales
electorales.

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