MEXICALI.- Los Diputados Locales de Baja California nombraron durante la madrugada de este viernes al abogado Alejandro Ruiz Hernández, como el primer Fiscal General para el Estado, quIen estará en funciones por cinco años.
Con 23 votos a favor, el «Titi» Ruiz, fue electo de una terna que envió el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, después de que el el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, aprobaron cuales son los requisitos de elegibilidad que deberán cumplir los candidatos a este importante puesto.
Durante la sesión, que se realizó durante la madrugada de hoy, los diputados también aprobaron ratificar los nombramientos de Cynthia Gissel García Soberanes como Secretaria de Integración y Bienestar Social, dependencia que sustituye a la hoy extinta Secretaría de Desarrollo Social; también se ratificó a Vicenta Espinoza Martínez como Secretaria de Honestidad y Función Pública, dependencia que sustituye a la Contraloría del Estado.
Sobre el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y Fiscal de Delitos Electorales, están pendientes en espera de las ternas que deberá enviar el Gobernador Jaime Bonilla Valdez.
TRABAJARÁ EN CERCANÍA A LA COMUNIDAD FISCALÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA
Guillermo Ruíz Hernández fue ratificado por el Congreso del Estado como el primer Fiscal de Baja California.
Bajo los principios de honradez y humildad es como trabajará la nueva Fiscalía General de Baja California, expresó su titular Guillermo Ruíz Hernández luego de rendir protesta en sesión extraordinaria del Congreso del Estado la madrugada del viernes.
La creación de la Fiscalía fusiona a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Policía Estatal Preventiva y la Procuraduría General de Justicia de Baja California, con lo que se garantiza un órgano independiente que vela por el bienestar y seguridad de los bajacalifornianos.
Guillermo Ruíz Hernández afirmó que con esta fusión se trabajará sin destruir lo que se tiene, siempre escuchando a la comunidad en general.
Señaló que en los próximos días presentará su plan de trabajo enfocado en la reducción de incidencias delictivas, así como la integración de elementos de la Policía Estatal Preventiva a la Guardia Estatal.