«Marina no es aliada»: Comunidad LGBTTTIQ+

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MEXICALI. Miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ protestaron en la Plaza de los Tres Poderes donde señalaron que la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda no es aliada de su causa, aunque eso aparente.

En ese sentido, exigieron al Estado hacer públicas las modificaciones que realizaron a la ley que pretende penalizar las terapias de conversión.

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El pasado 21 de abril el Congreso de Baja California aprobó la penalización de las terapias de conversión sexual a quien las practique. Sin embargo, el poder ejecutivo encabezado por Ávila Olmeda «bajó» dicha ley con el fin de realizar algunas modificaciones.

Al respecto, la comunidad LGBT+ realizó una manifestación en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Esto para exigir la reinstalación punitiva de la ley.

A la protesta acudieron ciudadanos tanto de Mexicali como de Tijuana, quienes señalaron que tras dicha acción del ejecutivo la gobernadora no era una aliada de la causa.

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Condicionan a la Comunidad LGBTTTIQ+

La directora de la Alianza Inclusiva y Diversa de México (AIDMX), Ma. Teresita Díaz Estrada, señaló que miembros de la comunidad sostuvieron una reunión con funcionarios del Congreso local. Ahí lo funcionarios les ofrecieron un «abanico de derechos» con la condición de restar la punitividad de la ley.

«Nosotros quisieron decir un cuento como si fuéramos de primer mundo, pero la verdad es que nosotros todavía no estamos en primer mundo. Cuando estamos hablando que es una violación de derechos humanos entonces estamos hablando de un delito, y el delito se tiene que perseguir y castigar», expresó.

Asimismo, señaló que exigieron a las autoridades que les brindaran toda la información respecto a la propuesta inicial, la propuesta que dictaminaron y los cambios que realizaron en la misma.

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Por su parte, el activista Eduardo Arredondo Esparza comentó que él impulso la propuesta de ley inicial en compañía de las diputadas Michel Sánchez y Julia Andrea González. Sin embargo, aseguró que la propuesta nunca fue del agrado de un sector «conservador» de la población.

«Devolver una ley para que sea cercenada en el Congreso no es muy progresista ni muy aliado de su parte. Por eso hoy le venimos a decir aquí que no es aliada de la comunidad si atenta contra nuestros derechos», manifestó.

Respecto a la ley, el diputado Juan Manuel Molina dijo este martes que la gobernadora ya había devuelto la propuesta al Congreso. Por lo que ahora el poder legislativo cuenta con 30 días para discutirla en el pleno.

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