MEXICALI.-Los hechos delictivos registrados en Baja California a partir del viernes pasado no pueden reducirse a una «jornada violenta»; significan un grave riesgo, pues pueden marcar el inicio de prácticas terroristas utilizadas como mensajes de la delincuencia organizada.
Es cierto que la violencia y la inseguridad pública no son novedosas, vivimos en un estado donde el promedio diario de homicidios es de 7; son frecuentes las ejecuciones en la vía pública, a la luz del día y en presencia de otras personas, a veces familiares y menores de edad. Diariamente aparecen cadáveres o restos de ellos con mensajes amenazantes. Son también cotidianos los operativos de decomiso de drogas, el desmantelamiento de narcolaboratorios y la detención de traficantes de diferentes niveles.
El gobierno estatal, la fiscalía general del estado, los ayuntamientos y las diversas corporaciones permanecen amenazados por la acción de grupos delincuenciales controlados por cárteles cuyo combate corresponde al ámbito federal. Los recientes incendios en serie, a pesar de no estar dirigidos para causar daño a personas, representan acciones orquestadas, sostenidas y probablemente parte de una operación en varios estados, por lo que la intervención rebasa el fuero común y se inscribe en el terreno de la seguridad nacional. Sobre estos hechos, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ha comentado que se trata de «actos propagandísticos», orquestados por criminales que se disputan la zona; mientras que para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, puede tratarse de «propaganda negra espectacular a cargo de opositores, conservadores y corruptos».
Hay quienes han criticado el calificativo de terrorismo usado por Periodismo Negro, por lo que es pertinente repasar algunas definiciones: para la Real Academia de la Lengua Española consiste en una «sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror» y en la «actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma con fines políticos». La Asamblea General de la ONU, en su resolución 49/60, de 1994, lo define como «actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo, o en personas determinadas».
Cuando la ocasión reclama prudencia, responsabilidad y privilegiar el interés y el bienestar de la ciudadanía, no faltan voces que fomentan el desconcierto y terminan por abonar a los propósitos de los grupos generadores de violencia o por legitimar sus acciones ilegales. En ese contexto se inscriben las declaraciones de la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, quien llamó a los delincuentes a «cobrar facturas a quienes les deben y no a la ciudadanía» y en su posterior intento de aclaración, les pidió «ser claros» y señalar a quienes supuestamente han pactado con ellos: «Se dice también que empleados de los diversos órdenes de gobierno se comprometieron con ellos y no cumplieron… yo los llamo a señalar a esos criminales, a señalar a quienes tienen pactos con ellos y no a lacerar a las familias tijuanenses.»
Los dichos iniciales de la alcaldesa podrían explicarse por el nerviosismo, el cansancio o las altas horas de la madrugada, como pretendió justificarlos el secretario de gobernación, Adán Augusto López, sólo que ella misma se encargo de ratificarlos y ampliarlos. Pero lo que resulta realmente preocupante es la coincidencia narrativa con las explosivas declaraciones emitidas ayer por el exgobernador, Jaime Bonilla.
Cuando había especulaciones de que no se presentaría a declarar ante la FGE por el proceso que se sigue en su contra por corrupción, cuando pareció perder la protección presidencial y cuando quedó en evidencia su nula fuerza política local, mediante las elecciones recientes de morena, el Senador Jaime Bonilla, apareció con su astucia de jugador, apostando su resto por un «triunfo pleno» o «golpe seco», como lo denomina el argot de la ruleta. Y con un Abogado defensor de narcos.
Después de presentarse como víctima, calificó las acusaciones en su contra como mentiras, aseguró que no existen pruebas en su contra y que se trata de «maniobras de distracción ante la falta de un buen gobierno», al que calificó de «fallido.» Hasta ahí podrían justificarse sus declaraciones como «legítima defensa», ante las acusaciones de las que ha sido objeto por la vía legal. Lo peligroso del asunto es que el senador, experto en medios y con gran capacidad actoral, incluyó señalamientos muy delicados: sugirió una asociación entre el fiscal general y el narcotráfico, habló de supuestos «arreglos» con la delincuencia por parte del gobierno y descalificó moralmente a la gobernadora «para pedir que las cosas se tranquilicen».
El morenista superó todos los cuestionamientos de la oposición hacia cualquier gobierno de la Cuarta Transformación en el país. De ser cierto su dicho, ameritaría inmediata destitución y juicio para la gobernadora y el fiscal general, ¿realmente busca eso el senador?
El tema es que el imputado pretende evadir del banquillo de los acusados para sumarse a la crisis generada por grupos delincuenciales como un incendiario discursivo. Y difícilmente podría pensarse que son declaraciones no pensadas, o aparente incontinencia verbal, como puede ser el caso de Caballero; es claro que Bonilla estudió perfectamente su guion.
El «ingeniero», hoy reconvertido en licenciado, ante la imposibilidad de una defensa legítima por la vía legal, parece haber optado por el chantaje, así sea sumándose a los actos criminales propagandísticos señalados por el secretario de la Defensa Nacional, o a las campañas negras de conservadores y corruptos señalados por el presidente. De ese tamaño es la afrenta y como tal debe tratarla el Estado mexicano.
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