Comunicado de prensa
La Comisión de Quejas y Denuncias protege los derechos de la regidora Ashley Giselle Casillas Gómez ante violencia política de género
SAN QUINTÍN.-La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) ha otorgado medidas cautelares en favor de la regidora del PT, Ashley Giselle Casillas Gómez, del I Ayuntamiento de San Quintín.
Este acuerdo responde a las denuncias presentadas por la regidora por actos que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG), perpetrados por miembros de la administración municipal, incluyendo a la presidenta municipal Miriam Elizabeth Cano Núñez.
La regidora Ashley Casillas denunció una serie de agresiones verbales, discriminación, y hostigamiento sistemático por parte de la Presidenta Municipal Miriam Elizabeth Cano Nuñez; el Secretario del I Ayuntamiento, Iván Duarte; y el Director de Seguridad Publica Alberto Sarabia quienes intentaron obstruir su labor como representante popular.
Entre los actos denunciados, se incluye el rechazo arbitrario de sus propuestas, humillaciones públicas, negación de presupuesto asignado a su regiduría y hostigamiento físico, incluso en espacios privados como los baños, indicó la regidora del PT.
Estos hechos no solo representan una violación a los derechos humanos de Ashley Casillas, sino que perpetúan prácticas de discriminación de género que deben ser erradicadas de la vida política del país, dijo la edil en comunicado de prensa
En su análisis, la Comisión del IEEBC determinó que los actos denunciados cumplen con los criterios de:
1. Apariencia del buen derecho: Se presume la existencia de derechos vulnerados.
2. Peligro en la demora: Existe el riesgo de que las conductas denunciadas sigan afectando irreversiblemente a la regidora.
3. Irreparabilidad de la afectación: Los actos tienen un impacto potencialmente irreversible en sus derechos.
Con base en estos elementos, la Comisión emitió medidas cautelares que instruyen a los denunciados abstenerse de cualquier conducta que implique obstrucción, hostigamiento o discriminación hacia la regidora, protegiendo así su derecho a desempeñar sus funciones en un entorno libre de violencia. La resolución subraya la necesidad de garantizar el orden jurídico y evitar daños irreparables mientras se resuelve el fondo del asunto.
La regidora Casillas, señaló: “No permitiré que el hostigamiento y la violencia política silencien mi voz. Este no es solo mi caso, es el caso de todas las mujeres que luchamos por un lugar en la política. Exijo respeto y garantías para ejercer mis derechos”.
Con esta decisión, la Comisión de Quejas y Denuncias envía un mensaje claro: la violencia política no será tolerada, y se tomarán acciones contundentes para garantizar que las mujeres puedan participar plenamente en la vida pública. Este caso sienta un precedente importante para la protección de los derechos políticos de las mujeres en Baja California y en todo el país, comentó la edil.
