Maestro de Mexicali Sentenciado por Omisión de Auxilio en Caso de Fallecimiento de Estudiante
MEXICALI – En un caso que ha estremecido a la comunidad educativa de Mexicali, el maestro de primaria Esteban “N” fue sentenciado a seis meses de prisión y una multa de $311.22 pesos por el delito de omisión de auxilio, tras el fallecimiento de Damián, un estudiante de 11 años, en noviembre de 2023.
La resolución se emitió durante la Audiencia de Individualización de la Pena, celebrada en la Sala 6 del Centro de Justicia Penal, Unidad Río Nuevo, bajo la causa penal 00974/2024 (NUC 02-2023-37267).
La sentencia, que incluye beneficios para evitar la prisión, ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de los docentes en emergencias y la necesidad de protocolos escolares más robustos.
El caso se remonta al 30 de octubre de 2023, cuando Damián, estudiante de la escuela primaria “Eucario Zavala Álvarez”, sufrió un accidente mientras jugaba fútbol antes del inicio de clases.
El menor presentó dolor de cabeza, vómitos y pérdida de conciencia, pero fue dado de alta por la clínica del seguro escolar. Días después, su estado se agravó, resultando en muerte cerebral.
La Fiscalía argumentó que Esteban “N” no actuó con la diligencia requerida, al no acompañar al menor a la clínica ni garantizar una atención médica inmediata, lo que constituyó el delito de omisión de auxilio, tipificado en el artículo 339 del Código Penal de Baja California, que establece una pena de seis meses a tres años de prisión y multa de 10 a 50 días de salario mínimo.
Durante la audiencia del 3 de julio, se desahogaron los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia, incluyendo testimonios de la familia, informes médicos y declaraciones de la defensa. La Fiscalía destacó que el maestro incumplió su deber de cuidado, contribuyendo a la gravedad del desenlace.
Por su parte, la defensa, respaldada por testimonios como el de Valeria Canchola, hija del acusado, afirmó que Esteban notificó a los padres, activó el seguro escolar y siguió los protocolos establecidos, argumentando que la clínica contratada por el seguro falló en la atención médica.
En los alegatos de clausura, la Fiscalía solicitó una pena dentro del rango legal, mientras que la defensa pidió una sanción mínima o alternativa, cuestionando la proporcionalidad de la condena. Tras un receso para deliberar, reiniciado a las 23:00 horas, el juez emitió el fallo: una pena de seis meses de prisión y una multa de tres días, equivalente a $311.22 pesos.
Se consideró improcedente la reparación del daño, dada la naturaleza culposa del delito. Para evitar la prisión, Esteban “N” obtuvo beneficios: pagar una multa de $2,000 pesos o presentar una garantía de $4,000 pesos, además de acudir mensualmente a la Coordinación de Revisión de Medidas Cautelares.
La Audiencia de Lectura de Sentencia fue programada para el 10 de julio de 2025 a las 18:00 horas en la misma sala, donde se formalizará la resolución, salvo que las partes apelen. El caso ha polarizado a la sociedad mexicalense.
El Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) ha manifestado su apoyo al maestro, argumentando que la falta de protocolos claros y recursos adecuados expone a los docentes a responsabilidades desproporcionadas.
“No es justo que los maestros tenga culpas que corresponden a un sistema educativo sin infraestructura ni capacitación suficiente”, señaló un representante sindical. Por su parte, la familia de Damián exige justicia, afirmando que una intervención oportuna pudo haber salvado la vida del menor.
Desde la perspectiva de la gestión educativa, el caso subraya la urgencia de capacitar a los docentes en primeros auxilios, establecer protocolos claros para emergencias y garantizar la calidad de los servicios médicos escolares. Las escuelas deben revisar sus convenios con clínicas y seguros para evitar fallas como las reportadas.
Además, la sentencia podría sentar un precedente sobre el deber de cuidado de los maestros, impactando las políticas de reclutamiento y formación en el sector educativo. La resolución final, a conocerse el 10 de julio, será clave para determinar si este caso impulsa reformas en el sistema educativo de Baja California o intensifica las tensiones entre docentes, familias y autoridades.
