Mexicali, B.C.- El protocolo de actuación ante manifestaciones publicado el 25 de julio en el Periódico Oficial del Estado no va dirigido a la ciudadanía, sino únicamente a funcionarios públicos, precisaron autoridades del Gobierno de Baja California.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda indicó que el objetivo del protocolo es fomentar el diálogo entre autoridades y personas que ejercen su derecho a manifestarse:
“Se busca que haya mesas de trabajo con los manifestantes, que no nada más quede en la manifestación”, explicó.
El secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez, detalló que este decreto no impone restricciones a la libertad de expresión, sino que establece lineamientos obligatorios para el actuar de los servidores públicos durante protestas o concentraciones:
“La única obligación o indicación de ese decreto está dirigida a los funcionarios públicos”, subrayó.
Este protocolo se alinea con disposiciones federales y tiene como fin asegurar que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y sin represión, respetando los derechos humanos y la libre expresión de ideas, independientemente de la causa o ideología de quienes participan.
Desde el inicio de la administración actual, Baja California ha aplicado criterios similares que ahora quedan formalmente integrados en este nuevo instrumento legal.
