Comunicado de prensa
PAN ADVIERTE CRISIS DE GOBERNABILIDAD EN BAJA CALIFORNIA TRAS DETENCIONES DE FUNCIONARIOS DE MORENA
Mexicali, B.C., miércoles 07 de enero de 2026.– La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, declaró ante medios de comunicación que, al momento, se tiene conocimiento de alrededor de 12 intervenciones por parte del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de Morena de todo el país, ya sea por detenciones al intentar cruzar por las garitas o por retiro de visas, de las cuales la gran mayoría corresponden a Baja California, lo que evidencia una grave crisis de gobernabilidad en la entidad. Estas acciones estarían relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y huachicol fiscal.
Los nombres de los funcionarios son: Marina del Pilar Ávila Olmeda, Carlos Torres Torres, Luis Samuel Guerrero Delgado, José Luis Dagnino López, Hilda Araceli Brown Figueredo, Alejandra Ang Hernández, Óscar Eduardo Castro Castro, Juan Francisco Gim Nogales, César Iván Sandoval Gámez, Mario Alberto López Hernández, Alex Tonatiuh Márquez Hernández y Jaime Eduardo Cantón Rocha, todos ellos vinculados a cargos públicos o estructuras de Morena.
En el reciente caso de la diputada Alejandra Ang Hernández, señalada por el traslado de entre 600 mil y 800 mil pesos en efectivo hacia el país vecino, la dirigente panista advirtió que podría tratarse de un posible acto de corrupción, por lo que Acción Nacional exige su retiro inmediato de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Baja California, que solicite licencia a su cargo y que comparezca públicamente para aclarar la procedencia del recurso.
Asimismo, los diputados del PAN Diego Echevarría y Alejandrina Corral informaron que solicitarán de manera formal en el Pleno del Congreso del Estado que se transparente la legalidad y procedencia del dinero, recordando que en México no se pueden portar más de 100 mil pesos en efectivo sin justificar su origen, por lo que la legisladora debe responder ante las autoridades tanto en Estados Unidos como en México, conforme a la ley.
