Comunicado de prensa
Tras el reciente accidente que dejó más de 30 vehículos dañados y 20 lesionados, la legisladora exige acciones inmediatas
El Pleno respaldó el exhorto para solicitar una aditoría conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
Mexicali, B.C., domingo 5 de julio de 2026.- Con el respaldo unánime del Pleno, la diputada Yohana Gilvaja, presentó un exhorto dirigido a la Gobernadora del Estado y al Presidente Municipal de Tijuana para realizar una auditoría integral de infraestructura vial, luego del grave accidente registrado la semana pasada en el libramiento Rosas Magallón, donde un camión de carga sin frenos provocó una colisión múltiple que dejó más de 30 vehículos dañados y 20 personas lesionadas.
“Este accidente jamás debió ocurrir, no fue obra del destino, sino consecuencia directa de la falta de mantenimiento y de la negligencia en la gestión del dinero público”, denunció la legisladora del PT.
Asimismo afirmó que la rampa de frenado ubicada en la pendiente del libramiento se encuentra en estado crítico, sin recibir el mantenimiento necesario para cumplir su función preventiva. Esta situación, sostuvo, evidencia un patrón de abandono en diversas vialidades y estructuras de la ciudad.
Por otra parte la congresista recordó al Pleno que el Boulevard 2000 también presenta riesgos constantes por baches, falta de luminarias y deficiencias estructurales, lo que obliga a las y los ciudadanos a transitar diariamente en condiciones inseguras.
Al respecto mencionó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial contempla auditorías viales preventivas para identificar riesgos antes de que ocurran accidentes.
“A mí lo que me importa es representar a la gente. Todavía estamos a tiempo de prevenir una tragedia en la zona este; las autoridades deben dejar de administrar los riesgos y empezar a cumplir la ley”, subrayó Yohana Gilvaja.
El exhorto aprobado solicita a la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, y al Presidente Municipal de Tijuana, Abdiél Gutiérrez Coronado, encabezar esfuerzos de coordinación para llevar a cabo una auditoría técnica y operativa que evalúe la infraestructura de movilidad, determine medidas correctivas y garantice el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
