Comunicado de prensa
Ensenada, B.C.- El Colegio de Mujeres Profesionales del Derecho de Ensenada solicitó formalmente a la Fiscalía General del Estado la creación de una Unidad Especializada en delitos de asistencia familiar.
La solicitud, presentada por su presidenta Wendy Pringle, busca frenar el rezago histórico en la investigación de estas conductas que afectan a sectores vulnerables.
La propuesta señala que entre 2018 y 2023 se acumularon 10,453 denuncias por este ilícito en la entidad, de las cuales 398 correspondieron únicamente al municipio de Ensenada durante el último año evaluado.
Estos datos, argumentan las abogadas, reflejan una incidencia constante de casi una carpeta diaria en el municipio, evidenciando una demanda social desatendida.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, Baja California se ubicó en el séptimo lugar nacional de este delito con 527 casos reportados solo de enero a mayo de 2026.
Esta cifra supera a entidades con mayor población, demostrando una sobrecarga estructural severa en la procuración de justicia, argumenta el escrito.
Actualmente, estas investigaciones se tramitan de forma masiva e indiferenciada en las Unidades de Trámite Masivo de Causas (UTM), compitiendo con delitos de distinta naturaleza y gravedad.
Dicha saturación, provoca una alta rotación ministerial, pérdida de continuidad y un grave peligro de que opere la prescripción penal.
Pringle recordó que el Código Penal estatal fija un plazo de prescripción de solo un año a partir de que la víctima identifica al presunto responsable.
Ante ello, las demoras burocráticas dentro de unidades no especializadas propician que numerosas carpetas queden impunes antes de llegar ante un juez.
Por ello, la petición se fundamenta en el artículo 4 constitucional y en convenios internacionales que priorizan el interés superior de la niñez y la familia.
Asimismo, se respalda en la Ley Orgánica de la FGE, la cual faculta al Fiscal General para crear fiscalías especializadas necesarias.
Para el caso, la institución cuenta con áreas especializadas para género, homicidios, narcomenudeo y tortura, pero carece de una dedicada al abandono alimentario.
La omisión, contrasta con la alta incidencia delictiva y la urgencia de proteger la subsistencia económica de niñas, niños y adolescentes, urgió Pringle.
El documento señala que, al tratarse de un delito de tracto sucesivo, la dilación ministerial agrava continuamente el daño directo sobre los acreedores alimentarios.
Por ello, se requiere un estándar de debida diligencia reforzada y personal capacitado con perspectiva de infancia.
La implementación de esta unidad permitiría homologar criterios de investigación, fortalecer el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y abatir la revictimización.
También, garantizaría una persecución penal más eficiente que inhiba el incumplimiento sistemático de estas obligaciones en el estado.
Finalmente, el organismo de abogadas solicitó a la Fiscal General, María Elena Andrade, abrir una mesa de trabajo conjunta para diseñar el protocolo de actuación.
La meta institucional es consolidar un modelo operativo que responda con eficacia a la realidad delictiva de Baja California.
