COMUNICADO DE PRENSA
Mexicali, B.C., miércoles 18 de noviembre de 2026.- Ante el incremento de casos en los que personas son utilizadas como “mulas ciegas” por grupos delictivos para el traslado de drogas o personas sin su conocimiento, así como la falta de mecanismos legales para reconocerlas y protegerlas como víctimas, el diputado Jorge Ramos Hernández presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Víctimas del Estado para sancionar esta conducta y fortalecer la protección de quienes resultan afectados.
«Nadie debería perder su libertad, su empleo o sus permisos de cruce por un delito que nunca cometió ni conoció. Esta iniciativa busca proteger a quienes han sido utilizados por la delincuencia organizada sin su consentimiento y garantizar que los verdaderos responsables enfrenten las consecuencias de sus actos», subrayó el legislador, durante la exposición de motivos.
Añadió que la propuesta surge ante el aumento de casos en los que grupos delictivos utilizan vehículos de ciudadanos para ocultar droga, mercancías ilícitas o personas, sin que sus propietarios o conductores tengan conocimiento de ello.
Como consecuencia de esta práctica, las víctimas pueden enfrentar detenciones, investigaciones penales, la cancelación de permisos y programas de cruce fronterizo, la pérdida de oportunidades laborales, afectaciones patrimoniales y daños a su reputación.
En ese sentido, la iniciativa plantea la creación del delito de utilización clandestina de vehículo ajeno, con el propósito de sancionar a quienes oculten o introduzcan de manera deliberada objetos, sustancias o personas en vehículos de terceros para ser trasladados sin conocimiento de quienes los poseen o conducen.
Asimismo, contempla sanciones más severas cuando la víctima resulte detenida, pierda sus permisos de cruce; cuando la conducta sea cometida por personas que tienen bajo su resguardo el vehículo, como ocurre en estacionamientos, talleres mecánicos o servicios de lavado; cuando medien engaños mediante ofertas falsas difundidas en redes sociales; o cuando participe algún servidor público.
Por otra parte, se reconoce expresamente la calidad de víctima de quienes resulten afectados por esta práctica y fortalece las medidas de apoyo institucional para facilitar la recuperación de documentos, permisos o programas de cruce fronterizo que pudieran verse afectados como consecuencia del hecho.
«La delincuencia organizada no puede seguir operando a costa de ciudadanos inocentes. Estamos proponiendo cerrar un vacío legal, castigar esta conducta y brindar a las víctimas el respaldo institucional que necesitan para recuperar su estabilidad», concluyó Jorge Ramos.

