
Mexicali.-Una denuncia pública contra dos agentes de la Policía Municipal de Mexicali ha salido a la luz pública a través de redes sociales, exponiendo presuntos actos de corrupción que incluyen robo, extorsión, abuso de autoridad y fabricación de delitos.
La víctima, identificada como el esposo de una ciudadana que compartió el relato en plataformas como Facebook, fue detenido el pasado 3 de septiembre en circunstancias que cuestionan la integridad de las fuerzas del orden. Este caso se suma a una serie de quejas recurrentes sobre abusos policiales en la región poniente de la ciudad, donde la confianza en las instituciones se erosiona ante la impunidad.
El testimonio detallado en la publicación, el incidente ocurrió entre las 3:50 y las 4:00 de la tarde del miércoles 3 de septiembre. Los agentes José Sánchez Larios y Erick Santiago Chávez Viguerías, asignados a la unidad 174A2 en la zona poniente, detuvieron al conductor en la Avenida Jalisco, colonia Pueblo Nuevo, por no portar la placa frontal de su vehículo.
El hombre se detuvo inmediatamente y accedió a descender del auto para una revisión rutinaria. Durante el registro de sus pertenencias, los oficiales descubrieron una suma considerable de dinero: 25,000 pesos provenientes de la venta reciente de un vehículo –de la cual se asegura existen pruebas documentales– más 6,220 pesos adicionales en su cartera, totalizando 31,220 pesos.
En lugar de proceder con una infracción estándar, los agentes supuestamente ofrecieron un «trato» para resolver la situación «de manera que queden los tres conformes». El conductor fue esposado y trasladado en la patrulla, mientras uno de los oficiales tomaba su bolsa con el dinero y se subía al vehículo particular de la víctima.
Durante el trayecto hacia la estación conocida como «el caracol», los policías exigieron 15,000 pesos a cambio de su liberación, amenazando con imputarle cargos por distribución de drogas y advirtiendo que necesitaría «una muy buena palanca» para salir libre. Ante la negativa del detenido, los agentes procedieron con su ingreso formal.
Al firmar el inventario de sus pertenencias en la estación, solo se registraron 10,220 pesos, lo que implica la desaparición de 21,000 pesos. Además, se le imputaron cargos por portación de arma blanca, un delito que, según la denuncia, «físicamente nunca existió».
Como resultado, el hombre permaneció detenido varios días, tratado como delincuente pese a su presunta inocencia. La denunciante exige justicia por robo, fabricación de delito, abuso de autoridad, extorsión y reparación de daños, afirmando contar con pruebas y demandas formales.
«Ya basta de policías corruptos que se dicen protectores pero abusan de su autoridad», concluye el mensaje, instando a otras víctimas a alzar la voz y denunciar.En el contexto de Baja California, casos similares no son aislados.
Reportes de organizaciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) han documentado cientos de quejas anuales por abuso policial, incluyendo extorsiones en retenes y detenciones arbitrarias.
En 2024, Mexicali registró un incremento del 15% en denuncias por corrupción en fuerzas municipales, según datos de Transparencia Mexicana, aunque muchas no prosperan por falta de seguimiento o intimidación a testigos.