La gobernadora Marina del Pilar con María Gabriela Monge Pérez, secretaría de honestidad y anticorrupción de Baja California.
MEXICALI.-No parece paradójico que María Gabriela Monge Pérez, una panista en toda la extensión de la palabra, se encargue de combatir la corrupción y promueva el buen gobierno en la 4T, es decir, una panista manejando toda esa área, qué quizá pueda encantarnos, pero al revisar resultados, es lo mismo.
Mañana se aplica el nuevo marco jurídico en materia de transparencia, que tanto critican periodistas y desde la oposición del PRIAN, además de organizaciones empresariales. Pero deberían estar tranquilos porque panistas deben de vigilar y sancionar el correcto manejo del erario.
MAÑANA PANISTA
Evento del PAN
Mañana, 1 de octubre de 2025, entra en vigor el nombramiento de Ericka González Muñoz como Directora Jurídica de Responsabilidades y Situación Patrimonial en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP) de Baja California, aunque el cargo es Directora de Transparencia para el Pueblo.
En un estado donde Morena prometió romper con las inercias del viejo régimen panista —que gobernó por tres décadas hasta 2019—, esta designación no es un mero trámite administrativo.
Es un termómetro de la credibilidad de la Cuarta Transformación local, liderada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. ¿Por qué genera revuelo? Porque González Muñoz, abogada con trayectoria en derecho constitucional, trae a cuestas un lazo familiar que huele a continuidad del azulejo: su esposo, Justo Alan Buenrostro Gutiérrez, es colaborador cercano de diputadas panistas en el Congreso estatal.
Repasemos el perfil.
Ericka González Muñoz como Directora de “Transparencia para el Pueblo”
Ericka, egresada de la UABC y con maestría en Amparo, escaló desde analista en el Ayuntamiento de Mexicali (bajo gobierno PAN en 2016-2018) hasta jefa de departamento en la SHFP desde 2020. Su nuevo rol la posiciona como guardiana de las declaraciones patrimoniales de servidores públicos, auditorías de conflictos de interés y cumplimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
En esencia, vigilará la «honestidad» de quienes manejan el erario, en un marco post-ITAIP —el Instituto de Transparencia extinguido en septiembre por opacidad crónica—. Pero el detalle que enciende alarmas: Buenrostro, su pareja, figura en actas legislativas como apoyo de Alejandrina Corral Quintero, panista presidenta de la Comisión de Hacienda.
Ericka González Muñoz como Directora de “Transparencia para el Pueblo” y su esposo Alan Buenrostro Gutiérrez
Ha participado en revisiones presupuestales y eventos partidistas, etiquetado en redes de la legisladora. No es militante de alto vuelo, pero en un ecosistema político donde los favores se tejen en la sombra, esto grita potencial conflicto.
No es casualidad. Baja California arrastra una herencia panista en los órganos de control. El ITAIP, bajo comisionados como Octavio Sandoval —ex tesorero del PAN—, multó a Morena en 2018 por irregularidades electorales, pero también encubrió fallos propios, como la falta de publicación de sentencias en 2025.
Críticos lo tildaron de «transparencia simulada», un club azul que sobrevivió al cambio de 2021. Ahora, con funciones absorbidas por la SHFP, Morena hereda el problema: ¿limpiar la casa o convivir con los fantasmas? Nombramientos como el de Ericka sugieren lo segundo.
En México, el 40% de cargos anticorrupción tienen lazos políticos, según datos del INAI de 2023. En BC, Morena ha cooptado ex panistas y priistas en listas electorales del 2024, diluyendo su pureza ideológica por pragmatismo electoral.
Las implicaciones son graves. La SHFP, pilar de la Estrategia Estatal contra la Corrupción firmada por Marina del Pilar en septiembre, debe encarnar el «cero impunidad» de la 4T. Pero si una directora evalúa declaraciones de panistas —posibles aliados opositores en reformas fiscales—, la imparcialidad se resquebraja.
El PAN ya lo explota: «Morena no rompe con el pasado», tuitean desde sus filas. Y la ciudadanía, harta de escándalos como el de los «moches» legislativos, pierde fe.
Baja California subió en índices de transparencia nacional (INAI 2024), pero un tropiezo así podría revertirlo, alimentando narrativas de «4T light».
Justo Alan Buenrostro Gutiérrez, festejando cumpleaños con la jefa panista Dip. Alejandrina Corral en marzo pasado de 2025.
¿Qué sigue? La ley es clara: el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades prohíbe actuar en casos de familiares hasta cuarto grado. Ericka debe recusarse en revisiones vinculadas a Corral o el PAN. Pero la vigilancia no puede recaer solo en ella.
Ciudadanos, únanse a colectivos como Transparencia Mexicana BC; denuncien vía el portal SHFP o la app «Denuncia BC». Mañana no es solo un nombramiento; es una prueba de fuego. Si la 4T en BC aspira a ser más que retórica, debe priorizar la independencia sobre lealtades familiares. De lo contrario, la transparencia seguirá siendo un espejismo panista en territorio moreno. ¿Cambiará Marina del Pilar el guion? El reloj —y el Periódico Oficial— ya marcan la hora.
