SE APRUEBA SANCIÓN PENAL PARA ACTOS DE CORRUPCIÓN EN CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

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Diputados de la XXI Legislatura avalan iniciativa del diputado José Alberto Martínez, del Panal

MEXICALI.- Por unanimidad en el voto de los diputados de la Vigésima Primera Legislatura local, fue aprobado el dictamen número 118 proveniente de la Comisión de Justicia, por el cual se modifica el artículo 341 del Código Penal de Baja California para incluir como sujetos sancionables a los concesionarios, técnicos o encargados de centros de verificación vehicular que se presten a actos de corrupción en los trámites de revisión de contaminantes que efectúan a los automóviles esos establecimientos.

En su argumentación, el inicialista diputado José Alberto Martínez Carrillo informó que se tiene conocimiento de que los responsables o técnicos que operan los centros de verificación vehicular, en ocasiones han caído en actos de corrupción al pedir dádivas en efectivo para poder validar la prueba de verificación a los automovilistas que realizan ese procedimiento.

Debido a lo anterior, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable propuso establecer una pena de 3 hasta 7 años de prisión y multa hasta 5 mil quinientos días de salario mínimo vigente en la entidad, para castigar los referidos actos de corrupción que afectarían la salud de los ciudadanos y al medio ambiente.

“El programa de verificación vehicular que la Secretaría de Protección al Ambiente implementa, representa una opción necesaria que coadyuva con lograr el objetivo; sin embargo, en la realidad no funciona del todo bien, por lo que es importante establecer los mecanismos legales preventivos que aseguren el correcto funcionamiento del servicio que se brinda la ciudadanía por parte de los concesionarios”, explicó el legislador.

Martínez Carrillo informó que, actualmente, en 18 entidades federativas del país se aplica la verificación vehicular, entre las cuales destacan Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Veracruz, donde en sus respectivos códigos penales señalan directa y explícitamente la aplicación de sanciones con años de cárcel y días multa a los responsables, propietarios o técnicos de los centros de verificación vehicular, que no operen de una manera adecuada y se presten a la corrupción.

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