Por Jaime Delgado
MEXICALI.-Aunque no hay pruebas públicas, la liberación de José Antonio Parra, acusado de mandar a matar al subdirector de Issstecali Jesús Manuel Ponce Rico, apesta a corrupción y es un caso que debería investigar el Consejo de la Judicatura, hay pruebas muy sólidas que les corresponde obtener.
De hecho todo este caso es una pestilencia de corrupción, donde se habla de un robo real de 20 millones de pesos más otras ganancias con proveedores de Gobierno.
Dicen que el tufo del dinero llegó al Poder Judicial cuando el Juez Bernardino Ahumada, decide no vincular a proceso al imputado.
Para nadie es extraño las pifias y omisiones que puede cometer un Agente del Ministerio Público (MP) en la carpeta de investigación, pero si vemos la audiencia de Vinculación a Proceso el Juez de Control abordó circunstancias que jamás hizo mención el MP, por lo que es demasiado extraño.
1.- Se supone que los jueces no conocen el caso con anterioridad y deciden en base a lo que escuchan en la audiencia.
2.- El Juez Bernardino parecía que ya traía su dictamen, ya que casi no anotaba nada.
3.- El Juez de Garantía ignoró desde un principio los argumentos del MP durante la audiencia de Vinculación a Proceso.
4.- Prácticamente el Juez dijo que el dinero encontrado pudo ser sembrado por la PGJE. (A poco la procuraduría puede manejar tanto dinero para endosar una investigación)
No cabe duda que este caso seguirá apestando a corrupción y aún falta la detención de dos cómplices más los dos que están en prisión.
Sin embargo, el asunto debería formar parte del Consejo de la Judicatura, pero el asunto es que la Comisión de Vigilancia y Disciplina del dicho órgano del Poder Judicial, es presidida por el consejero Héctor Orlando Díaz Cervantes, quien debería ponerse a investigar el asunto del Juez de Garantía que negó la vinculación a proceso del presunto autor intelectual del asesinato del funcionario de Issstecali.
Díaz Cervantes tiene en sus manos abrir una investigación, donde puede salir raspado el Corporativo Flores Gallego, defensor del imputado.
Hasta el momento, desde el arranque del nuevo Sistema de Justicia Penal, no hemos conocido que un Juez haya sido proceso por irregularidades.