Podrían ser más de 2 millones de pesos lo que se robaron.
MEXICALI. El desfalco a la Beca Progreso por cheques indebidamente cobrados por tres funcionarios del Sistema Educativo Estatal y que denunció penalmente en 2015, la titular del citado programa Lucía Villarreal, podría ser superior a los 2 millones de pesos.
La citada ex funcionaria pública recientemente fue inhabilitada y multada por contraloría, además de que se le obliga a pagar más de 900 mil pesos por los cheques que cobraron indebidamente funcionarios del Sistema Educativo Estatal entre los que estaba su subalterno Jesús De la Rosa Anaya.
El Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, Francisco Postlethwaite Duhagón dijo que existe otra investigación abierta en el tema del desfalco de la Beca Progreso que aún no está concluida por lo que no se pueden dar más detalles, pero se está investigando y es por desvío de recursos en el mismo programa, por el cobro indebido de cheques que podrían llegar a más de dos millones de pesos.
“La segunda investigación inició casi paralela a la primera, de ahí derivo una investigación hacia otros recursos que no fueron llegados a su destino pero no sabemos quiénes fueron los operadores en eso y estamos haciendo una investigación” desatacó el Contralor.
Las sanciones que la Contraloría Estatal puso a los servidores públicos involucrados en el tema, son por acciones y por omisiones; en el caso de la entonces titular del programa Lucia Villarreal fue por omisiones, y a los otros tres ex funcionarios del Sistema Educativo Estatal fue por acciones; destacó Francisco Postlethwaite Duhagón.
“Aquí se trata de una responsabilidad administrativa del programa, ella fue la que dio instrucciones a sus subalterno, giro instrucciones a sus subalternos y se tardó más de un año en presentar la denuncia penal, es decir, no sé; controló la investigación por ella misma en vez de dar conocimiento a la contraloría” dijo el Contralor.
Agrego que tanto la ex responsable del programa como los demás servidores públicos involucrados están en todo su derecho de impugnar la resolución que los inhabilita y sanciona económicamente.