Inspectores de Cofepris piden soborno para no clausurar clínica en San Felipe, asegura afectado.

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MEXICALI.- El pasado 13 de mayo inspectores de Cofepris clausuraron una clínica medica que operaba en El Dorado Ranch en San Felipe, por presuntas irregularidades en la operación de este negocio propiedad de un ciudadano norteamericano.

Desde ese mismo dia el afectado aseguró que los inspectores de la dependencia le habian solicitado un pago de 10 mil dolares para quitar los sellos de suspensión de actividades y que todo siguiera funcionando de manera normal.

Supuestamente el contador de Baja Medical Clinical de nombre Edgar Orozco preguntó a los inspectores Maricela Magaña Navarro y Raúl Barajas, quien solicitaba ese pago de 10 mil dólares (sin comprobantes) para que quitaran los sellos de suspensión, a lo que los inspectores aseguraron que eran instrucciones del titular de la Cofepris Marco Aurelio Gámez.

Esta información fue proporcionada a Periodismo Negro desde el pasado 4 de junio y según consta en en las actas levantadas por la autoridad estatal la inspección y suspensión de la citada clínica se hizo desde mayo.

Este lunes el Gobierno del Estado emite un comunicado de prensa firmado por el titular de COFEPRIS Mexicali Marco Aurelio Gámez, en el que denuncian que el personal de la clínica Baja Medical, intentó sobornar a los servidores públicos cuando clausuraron la citada clínica, incluso aseguran que se presentaron sendas denuncias ante la Fiscalía Estatal por la posible comisión de un delito (intento de soborno) en hechos sucedidos el pasado 13 de junio, cuando en realidad la visita de los inspectores fue en mayo según consta en documentos oficiales.

La duda sobre este asunto es por que la COFEPRIS hace público el presunto intento de soborno más de un mes después de que se realizaron los hechos, mintiendo sobre la fecha de inspección y cuando se estaba haciendo «ruido» sobre la supuesta solicitud de parte de los servidores públicos de los 10 mil dólares para que siguieran operando.

COMUNICADO DE PRENSA

DETECTA COEPRIS IRREGULARIDADES EN CLÍNICA BAJA MEDICAL EN SAN FELIPE
 La dependencia presentó dos denuncias ante la Fiscalía Estatal en contra de los responsables del lugar, debido a que trataron de sobornarlos con el fin de que retiraran los sellos de clausura para continuar operando.

MEXICALI, B.C., 22 de junio de 2020.- Con la finalidad de seguir puntualmente las instrucciones del Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez en torno a mantener una política de cero tolerancia en actos de corrupción, personal de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) de esta ciudad, detectó diversas irregularidades en un consultorio médico que operaba en el fraccionamiento El Dorado Ranch, en el puerto de San Felipe.

En ese sentido, COEPRIS presentó dos denuncias ante la Fiscalía Estatal en contra de los responsables del lugar, debido a que trataron de sobornarlos con el fin de que retiraran los sellos de clausura para continuar operando.

El Director de la COEPRIS, Marco Aurelio Gámez Servín, precisó que se trata de la clínica Baja Medical, la cual fue clausurada desde el pasado 13 de junio luego de que se recibieron una serie de quejas por parte de los propios trabajadores que denunciaron que no contaban con medidas de seguridad, ni protocolos para la prevención de casos de COVID-19; incluso seis empleados resultaron positivos, entre ellas la propia administradora del lugar.

De las irregularidades detectadas, Gámez Servín, señaló que se trata de un consultorio médico que ofrece servicios de clínica, sin contar con la autorización correspondiente: no tiene aviso de funcionamiento, no aplica protocolos de seguridad e higiene para trabajadores y pacientes, falta de sanitización, carece de equipo de esterilización para el instrumental quirúrgico, no cuenta con deposito especial para los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI).

Además, no se encontró título o cédula profesional del médico responsable, por lo que se procedió a la clausura inmediata del lugar.

Asimismo, informó que una persona que se identificó como director del lugar, de nombre Edgar Orozco, trató de sobornar a los verificadores al ofrecerles 500 dólares para que retiraran los sellos del lugar sin haber solventado las observaciones mencionadas.

Posteriormente, les ofreció dos mil 500 dólares y un fin de semana en las instalaciones del Dorado Ranch, para evitar la clausura del lugar.

A pesar de que el establecimiento fue cerrado, durante un actual recorrido de trabajo por el puerto de San Felipe, personal de la COEPRIS se percató que había movimiento en el sitio y al llegar se dieron cuenta que los sellos habían sido violados y en el interior se encontraba una persona laborando que se identificó como la administradora del lugar.

Ante tal situación, de nueva cuenta se instalaron los sellos de clausura y se levantó el acta correspondiente sobre los hechos.

Al continuar con las investigaciones en torno a la operación de este establecimiento, las autoridades estatales descubrieron que existe un adeudo por concepto de impuesto predial por un total de 60 millones de pesos, así como de un millón 600 mil pesos de adeudo de agua y la revalidación de los permisos para la venta de alcohol en el restaurante-bar del lugar.

Por lo que corresponde a la COEPRIS, se procedió a presentar dos denuncias ante la Fiscalía estatal por intento de soborno a los funcionarios públicos y la remoción de los sellos; además de que se dio aviso de los hechos a la Secretaría de Honestidad y la Función Pública, a fin de que se deslinden responsabilidades.
Gámez Servín, destacó que se trata de un hecho sin precedente en la actual administración, debido a que es la primera ocasión en que se procede legalmente en contra un establecimiento por el delito de intento de soborno.

Finalmente, reiteró que las instrucciones del Gobernador del Estado, y el Secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, son muy precisas para no permitir actos de corrupción e irregularidades en establecimientos y proceder legalmente en todos los casos que sea necesario, por lo que así se ha trabajado en la COEPRIS bajo la coordinación del Titular David Gutiérrez Inzunza.

3 COMENTARIOS

  1. Es necesario que se conozcan los hechos a efecto de llevar a cabo los movimientos de personal que se iniciaron la semana última semana de mayo de 2020 en las oficinas de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del ISESALUD.

    Es de todos sabido que el nuevo Director, el Licenciado Marco Aurelio Gámez Servín, tiene un gran propósito en su encargo, acabar con los malos manejos y malas prácticas del personal adscrito, por esa situación a llevado a cabo movimientos de personal desde reubicaciones hasta despidos, pero a dejado de lado a varias personas que siguen laborando en la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del ISESALUD y han sido protegidas por diferentes compañeros, tal es el caso del verificador de nombre ARTURO CERVANTES VELAZQUEZ quien se encuentra adscrito a la Dirección mencionada, quien desde varios años, abusando de la cordialidad de sus compañeros, ha utilizado recursos públicos para su beneficio personal, desde su puesto como verificador – dictaminador para extorsionar a empresas y negocios, uso de vehículo oficial para personales, venta de material para muestreo.

    Si los cambios que ha realizado el nuevo Director van encaminados a terminar con estas prácticas, debe ser parejo, si ha despedido a otros verificadores, que investigue a los otros.

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