Por Dianeth Pérez Arreola
MEXICALI.-El Sistema Estatal Anticorrupción se enfrenta a dificultades financieras y legales para seguir operando, informó en conferencia Francisco Javier Rebelín Ibarra, encargado de despacho del Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SEABC).
El organismo opera con la mitad del personal que tenía anteriormente, quienes recibieron su último salario el 29 de julio pasado y no han cobrado desde entonces; también se adeuda el pago de servicios básicos, agregó.
“Hemos entablado pláticas y gestionando estos recursos, pero las finanzas estatales no están muy solventes y reiniciamos con los nuevos funcionarios esta solicitud de recursos” indicó Rebelín Ibarra, quien precisó que el 18 de agosto se dio la autorización del órgano de gobierno del presupuesto de egresos, situación que tenía detenida la parte financiera de los recursos del SEABC.
Señaló que “una vez que cumplimos con la aprobación del órgano de gobierno y que se dio cumplimiento a un artículo transitorio que está contemplado en la ley, deberíamos haber recibido los recursos por parte del Gobierno del Estado, situación que hasta hoy no ha sucedido”.
Precisó que de enero a julio de este año utilizaron recursos de remantes de años anteriores, los cuales, en términos de la contabilidad y la ley gubernamental, se tuvieron que haber reintegrado pues ese monto pues se considera como un excedente. Esta cuestión fue una de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado que motivó la suspensión de Luis Irineo Romero, ex secretario Técnico del SEABC.
Rebelín Ibarra declaró que les preocupa la autorización del presupuesto 2022, pues hay que someterlo a una junta del órgano de gobierno, y mientras no exista un presidente o no exista un órgano conformado correctamente, pudiera volverse a suscitar una irregularidad en los acuerdos que de ahí emanen.
Manifestó que aunque aun cuentan con un saldo de 2 millones de pesos, no pueden utilizarlos. Actualmente necesitan 4 millones de pesos, incluyendo el pago de aguinaldos, por lo que considerando que ya tienen la mitad, solicitan 2 millones 400 mil pesos para cerrar el año.
Respecto al 2022 aclaró que el presupuesto no se incrementa, es de alrededor de 14.8 millones de pesos, pero falta el requisito indispensable de contar con junta de gobierno.
“Pedimos que se respete el acuerdo del 18 de agosto, donde ya se autorizó el presupuesto, no para el 2021, para el 2022. Pudiera convocarse a un consejo quizá provisional para llevar a cabo este trabajo”, opinó. La convocatoria debe emanar del poder legislativo. Sin órgano de gobierno el SEABC está maniatado, ejercer recursos, sería un acto ilegal.
Además, el SEABC tiene algunos amparos por parte del personal y excompañeros de trabajo, quienes recurrieron a este recurso legal ante la falta de pago. “No tenemos solicitudes o recursos legales por parte de los consejeros”, aclaró; “algunos de los consejeros de cargos honoríficos han recurrido al amparo, pero con respecto a su suspensión como consejeros por parte de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. Ellos siguen vigentes solo se sigue el camino legal”.
El futuro del SEABC
Rebelín Ibarra dijo que han estado en contacto con el Congreso del Estado, donde están trabajando en un proyecto de reforma sobre el organismo, y que han tenido varias reuniones con el diputado presidente Juan Manuel Molina, donde lo han puesto al tanto de la situación del SEABC.
“Nos hemos puesto a disposición con la gobernadora para trabajar en un proyecto que se llama Política Estatal Anticorrupción, de la cual ya se tiene avance para poder llegar a un eje rector de las políticas anticorrupción en el estado”, remarcó.