TIJUANA, B.C. — Una presunta red de chantaje, espionaje ilegal y usurpación de funciones operada por allegados al exgobernador Jaime Bonilla fue expuesta públicamente tras las declaraciones del ex funcionario federal Simón Levy, quien confesó haber utilizado a terceras personas para grabar de manera ilegal a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La operación política y mediática cobró fuerza a partir de mayo de 2025, aprovechando la vulnerabilidad política de la mandataria estatal tras el retiro de su visa estadounidense. En ese contexto, el exgobernador Jaime Bonilla presuntamente facilitó el acercamiento de dos operadores clave, identificados como su ahijado, Carlos Gil, y su compadre, Luis Armando Montes Trujillo.
El «teatro» fronterizo y los operadoresDe acuerdo con las denuncias del activista y político Jaime Cleofás Martínez Veloz, los implicados simularon un escenario de intervención binacional para presionar al gobierno estatal.
Carlos Gil se presentó falsamente como agente del FBI para fabricar amenazas, realizar grabaciones ilegales y advertir sobre una supuesta intervención militar de Estados Unidos en la entidad. Acompañándolo en la estrategia se encontraba Luis Armando Montes Trujillo (conocido también como Luis A. Trujillo), quien cuenta con antecedentes penales tras haberse fugado del penal de Tijuana disfrazado de visitante.
Ambos personajes utilizaron la simulación de acceso a expedientes secretos como un instrumento de presión personal y política.
La confesión de Simón LevyLa trama clandestina quedó evidenciada de manera pública tras una participación de Simón Levy en un espacio conducido por el comunicador Carlos Alazraki.
En dicha intervención, Levy afirmó de forma explícita que «usó a un par de gringos de Tijuana para grabar a la Gobernadora».
Esta declaración representa la admisión pública de un delito y confirma la participación de actores externos y extranjeros en la intervención de la política local, desmitificando de forma definitiva que las grabaciones de la Gobernadora hubieran sido producto de labores de inteligencia de agencias oficiales de los Estados Unidos.
Alerta por violación a la soberaníaMartínez Veloz, quien detalló haber documentado y denunciado estos hechos ante la Presidencia de la República tras negarse a participar en la estrategia, advirtió que la situación trasciende un conflicto político local, configurándose como una agresión directa a la soberanía nacional.
El caso deja en evidencia una estructura de chantaje y presión política cimentada en compadrazgos fronterizos, cuyo objetivo central fue doblegar la voluntad del Gobierno del Estado mediante la fabricación de ficciones jurídicas y diplomáticas.
