MEXICALI.– Tras un calvario de más de doce horas de retrasos, recesos forzados y opacidad institucional, finalmente a las 00:30 horas de la madrugada dio inicio la audiencia de formulación de imputación en contra del exdirector de la Policía Municipal, Pedro Ariel Mendívil García.
El acto judicial, programado originalmente para el mediodía de este miércoles 29 de julio, se empantanó deliberadamente debido a las deficiencias de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los fiscales no solo entregaron carpetas de investigación incompletas a los abogados defensores, sino que además presentaron archivos audiovisuales en una resolución tan baja que hacía imposible su debida revisión y desahogo técnico.
El intento de silenciar a la prensaLa jornada estuvo marcada por la tensión en las salas virtuales. En un intento por ocultar el caso, la representación de la Fiscalía General del Estado solicitó formalmente al juez de control, Fernando Serrano, que la audiencia fuera privada, pretendiendo sacar a los medios de comunicación y aplicar el «cerrojazo» informativo.
Sin embargo, el juzgador rechazó la petición del Ministerio Público y mantuvo el principio de publicidad. El propio exjefe policiaco —quien compareció vestido con el overol naranja de reo tras su captura el martes por delitos de desaparición forzada, asociación delictuosa y robo de vehículo— exigió que la audiencia fuera totalmente pública, argumentando que su nombre e imagen no requerían protección de datos.
Juez niega prórroga a la defensaAnte el desaseo de la fiscalía con las evidencias, los defensores de Mendívil solicitaron formalmente suspender el proceso y reanudarlo hasta la mañana del jueves para poder imponerse adecuadamente de los expedientes.
Pese al reclamo por la flagrante violación al debido proceso, el juez Fernando Serrano decretó únicamente un receso para subsanar las omisiones de entrega y determinó que la continuación se llevara a cabo de manera nocturna. Fue así que, en plena madrugada y violando el descanso, el reloj marcó las 00:30 horas cuando el tribunal abrió el debate formal donde se definirá la situación jurídica del exfuncionario.
