Mexicali. El gobierno del Estado encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda interpuso una denuncia penal contra el exgobernador, Jaime «N», y otros 6 exfuncionarios, por los delitos de peculado, abuso de autoridad, peculado impropio, coalición de servidores público, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público, falsedad ante las autoridades y lo que resulte.
Esto tras una serie de irregularidades en el contrato de la planta fotovoltaica de la empresa Next Energy, la cual podría generar un daño al erario público de hasta 12 mil millones de pesos, informó Juan José Pon Méndez, asesor jurídico del gobierno del Estado.
El pasado primero de marzo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le negó los permisos concesionarios de una planta fotovoltaica a la empresa Next Energy.
En conferencia de prensa, el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno, reveló que el contrato firmado por la administración pasada con la empresa Next Energy para la realización de una planta fotovoltaica incluyó un fideicomiso. Este mecanismo permite que el 19.5 por ciento de las participaciones federales del Estado estén al alcance de la empresa. Logrando retener 123 millones de pesos de participaciones federales el mes pasado.
Debido a esto, el secretario informó que presentaron una demanda de lesividad a las finanzas públicas del estado, lo que les permitió suspender provisionalmente los efectos de la dispensación de dicho fideicomiso.
Además, presentaron una denuncia penal en contra de Next Energy, sus asesores, el ex gobernador del Estado, Jaime «N», el ex secretario de Hacienda y 5 ex funcionarios más.
Marco Moreno mencionó que las áreas gubernamentales que participaron en el proyecto fueron la Secretaría de Hacienda, la Comisión Estatal de Energía (CEA) y la Secretaría del Agua. Sin embargo, se reservó los nombres a fin de evitar la «sustracción» de alguno de los ex funcionarios.
«De algunos ex funcionarios públicos decentes esperamos que participen coadyuvando en la dimensión de su responsabilidad. De algunos otros ex funcionarios esperamos la típica reacción del mediocre: echarle la culpa de todo a los demás», manifestó.
Explicó que lo que se busca principalmente es la cancelación del contrato sin responsabilidad financiera. En ese sentido, comentó que si la empresa no recapacita, enfrentaría serios riesgos financieros, jurídicos y reputacionales.
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