Tras la expropiación llegan reacciones y datos contradictorios del Decreto de Bonilla #ClubCampestre

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Con información de la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN)

TIJUANA.-Mientras que la candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila, se mostró cauta pidió escuchar las dos partes involucradas en la expropiación decretada por el mandatario estatal Jaime Bonilla, la aspirante de la Coalición Va X BC, Lupita Jones, advirtió del gobierno autoritario que hay en Baja California.

Luego de que la mañana de este martes se conociera el Decreto Oficial de Expropiación de más de 50 hectáreas propiedad del Club Social y Deportivo El Campestre, las reacciones no se dejaron esperar, más las críticas que el apoyo a la medida de Jaime Bonilla.

Estado comparó Club Campestre con tres predios rurales a expropiar y eligió el campo de golf

Antes de concluir, terminarán el proceso de expropiación: Amador

(AFN)

Como ejemplo, el Secretario General de Gobierno. 

Antes de que concluya la actual administración estatal quedará terminado el proceso de expropiación del Club Campestre, y se tendrán hasta dos años para cubrir las indemnizaciones correspondientes a quienes la ley determine como legítimos propietarios, aseguró el secretario General de Gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano.

En entrevista con Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), el funcionario precisó que de acuerdo con los documentos encontrados en el Registro Público de la Propiedad, el predio de alrededor de 60 hectáreas en donde se ubica el cintado club privado, cuenta al menos con tres partes interesadas que pudieran combatir esta decisión del gobierno, y a quienes se está en proceso de notificación.

Apuntó que una vez notificados, los interesados tienen un plazo de 15 días para hacer valer, ante la propia Secretaría General de Gobierno del Estado, los argumentos legales que a sus intereses convenga sin embargo, se mostró confiado en que asiste la razón a la administración pública.

Explicó que las partes que pudieran presentar alguna impugnación, son los sucesores de los generales Abelardo L. Rodríguez y Alfonso García González, ambos exgobernadores del entonces Territorio de Baja California, así como la actual directiva del club, en representación de los socios.

Añadió que una vez que se presenten las impugnaciones, la misma Secretaría General de Gobierno resolverá conforme a la Ley, para eventualmente decretar la expropiación de dichos terrenos, y a partir de esa fecha el gobierno tendrá un plazo de hasta dos años para pagar la indemnización a quien corresponda.

Para ello, aclaró, será posiblemente un juicio alterno entre las partes interesadas, como se podrá acreditar la legítima propiedad y una vez determinado ello, se sabrá a quién se deberá indemnizar.

Rodríguez Lozano recordó que este proceso inició por instrucciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez, tras encontrar que el Club Campestre mantenía fuertes adeudos por el servicio de agua potable y en el pago del impuesto predial.

Aclaró que para el dictamen del Decreto de Utilidad Pública, se tomaron en cuenta las disposiciones internacionales que establecen la cantidad idónea de áreas verdes para la población, y se determinó que el terreno en cuestión beneficiaría a más de un millón 200 mil tijuanenses, por lo que insistió en que debe prevalecer el interés superior general, sobre el bien particular, como en este caso, al tratarse de un club privado.

Asimismo, Rodríguez Lozano negó que se tenga contemplada otra acción similar en la entidad, toda vez que, dijo, el gobierno estatal respeta la propiedad privada.

HAY QUE ESCUCHAR A LAS DOS PARTES: MARINA DEL PILAR
La candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila.

Apegarse al Estado de Derecho y escuchar la versión de las dos partes en el caso del Club Social y Deportivo Campestre, consideró necesario, Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a gobernadora por la coalición “Juntos Hacemos Historia por Baja California”.

La abanderada de Morena, PT y PVEM estableció que el gobernador Jaime Bonilla Valadez está haciendo uso de sus facultades constitucionales al emitir el Decreto de Utilidad Pública de este bien inmueble.

Sin embargo, opinó que en este asunto hay que escuchar la versión de las dos partes , la de la autoridad y quienes se sienten afectados.

Indicó que sobre todo se debe respetar el Estado de Derecho como en cualquier otro asunto legal.

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