Aprueban Diputación creación de Secretaría de Seguridad Pública

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MEXICALI.-Los y las diputadas aprobaron las reformas de 4 artículos constitucionales para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de modificar facultades de la Fiscalía General del Estado y desaparecer la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario del Estado.

La lectura del Dictamen 7 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales que preside el diputado Juan Manuel Molina, además de titular del Poder Legislativo.

El diputado del PT, Marco Antonio Blásquez Salinas, abrió el debate en contra, solicitando un receso por la «premura que se presentan los trabajo», para subsanar algunas inconsistencias del Dictamen 7.

Los diputados del PT, Claudia Agatón y Julio César Vásquez, para celebrar una reunión y así emitir un voto documentado y razonado, pero primero solicitó receso.

El receso fue secundado por dos diputados locales, pero el presidente del Congreso del Estado, Juan Manuel Molina, aclaró que el Dictamen fue circulado tres días antes, no hay ninguna premura, incluso se cumplieron con los plazos que tienen los y las legisladoras.

En el tema interno del Partido le corresponde al PT atenderlo, no a la Legislatura, preguntando qué término necesitan para discutirlo y emitir las posturas sobre la seguridad ciudadana en Baja California, lejos de hacerlo detrás de este recinto parlamentario, dijo Diputado morenista Molina.

Blásquez Salinas indicó que la bancada del PT encabeza las causas del movimiento, por lo que pidió consideración a los órganos superiores del Partido.

En cuanto a la premura, Blásquez dijo que debe revisarse lo dogmático, poder deliberar en la bancada del PT y reanudar la sesión.

Fue decretado un receso de 10 minutos, a pesar de que la petición de 15 minutos. Ya eran las 16:03 horas de la tarde.

Fue hasta las 16:16 horas salió a convocar a las y los diputados, el presidente del Congreso del Estado, para el pase de lista y reanudar la sesión.

A las 16:18 horas se volvió a reanudar las actividades, advirtiendo el diputado presidente del Congreso Local que en caso de ausentarse un legislador, luego del receso, sin falta justificada, se considera como falta a la sesión.

El legislador del PT, Marco Blásquez, trató de hablar durante el paso de lista, pero lo espetó el presidente del Congreso del Estado.

El pase de lista no se detuvo.

Ya en el debate del Dictamen 7, Blásquez tuvo el torno de su voz, durante 5 minutos. Advirtiendo al diputado Molina que considere el temperamento, «yo soy tan Diputado como Usted, y represento a gente».

«Recibimos una llamada de nuestra dirigencia, donde se nos advierten algunas incongruencias», apuntó.

El artículo 54 de la Constitución, el cual quiere reformarse, maneja el modelo de la Seguridad Ciudadana pero en la argumentación jurídica no señala el tema de las sanciones administrativas, esa parte deja al descubierto la Iniciativa y que fuera materia de algunos Tribunales, Amparos. Se requiere de mayor tiempo, para revisarla y argumentar, estableció el diputado Blásquez.

La discusión se vio destensada con la llegada de las y los diputados, para que fueran incluidos como presentes en la sesión ordinaria.

La diputada María Monserrat Rodríguez Lorenzo, exhortó a los y las legisladoras dar el voto de confianza a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, porque el anterior gobierno (de Jaime Bonilla) no funcionó.

La ciudadanía demanda paz, seguridad y tranquilidad y todos los servidores públicos debemos garantizar esa tranquilidad, indicó María Monserrat Rodríguez.

El diputado Miguel Peña Chávez dijo que es momento de replantear el modelo de seguridad y «confío en la gobernadora (Marina del Pilar Ávila)».

El legislador de Morena, Manuel Guerrero, dijo que la seguridad fue un clamor durante los recorridos de campaña, que la seguridad fue un fallo en el gobierno anterior o no funcionó en un periodo corto (de 2 años).

«Estoy a favor de la iniciativa», indicó, hoy en la Iniciativa prevé el respeto de los y las trabajadores» al servicio del Estado, dijo.

La coordinadora de la bancada de Morena en la 24 Legislatura, diputada Rocío Adame, dijo que la Fiscalía General del anterior gobierno le quedó grande, por eso nace la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La diputada Alejandrina Corral, del PAN, dijo que en este momento es necesario cambiar el orden en materia de seguridad pública y apoyaron la Iniciativa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, pidiendo que el presupuesto se ajuste a la Fiscalía y la nueva Fiscalía.

La diputada Araceli Geraldo dijo que el tema de seguridad es uno de los que más afecta, por eso resulta de gran importancia de la Secretaría de Seguridad Ciudad, se podrá combatir la delincuencia.

Como representante de la Zona Este de Tijuana los y las diputadas que representan esa área son los primeros que deberían defender la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El diputado Juan Manuel Molina, dijo que le queda claro que nadie, de los y las legisladoras, deben estar en contra de mejorar el esquema y que los ciudadanos estén tranquilos, aquellos que están en contra es que no viven en Baja California.

Luego se refirió que las funciones administrativas en materia de seguridad pública le corresponden a los municipios expedir reglamentos y disposiciones administrativas, por lo que no es necesario ni despertaría inquietud las funciones administrativas, porque quedan en los Bandos municipales.

Se plantea nuevo esquema de seguridad ciudadana, donde haya una persona que se encarguen de las funciones de seguridad pública, coordinados con los municipios y la Federación, todo eso en beneficio de los ciudadanos, «no hay nada, nada que dudar», insistió el diputado Molina.

Quien no la apoye parece que no tiene contacto con los ciudadanos, dijo el diputado Molina.

Fue sometida a votación nominal el contenido del Dictamen 7 de la Comisión dictaminadora, quedando 17 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones, mientras que una reserva en lo particular de la legisladora Rocío Adame.

La Reserva se refiere que el artículo 54 referente al Centro de Control y Confianza (C3), se elimine que la Secretaría de Seguridad Pública defina el presupuesto l C3, para que realice el trabajo de manera libre.

El Artículo 54 indicará que la gobernadora Marina del Pilar Ávila, definirá al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además del presupuesto de la Fiscalía General y la transferencia de personal, se respetarán las condiciones y prestaciones de los trabajadores de base.

Los pendientes de la Fiscalía General se trasladarán a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, indicó la diputada de Morena.

Esta reserva fue sometida a debate, la diputada Daylin García Ruvalcaba, felicitó a la inicialista de la reserva, para que el C3 no pasara al control de la Secretaría de Seguridad Pública, y se dijo portavoz de los comités ciudadanos.

La autonomía para el Secretario Ejecutivo no es suficiente, y no debe estar supeditado a un solo titular, porque no realizará análisis imparciales. Que los nuevos titulares no sean Juez y parte, hay que dejarlo en las Leyes secundaria, dijo Daylin García Ruvalcaba, legisladora de Movimiento Ciudadano.

Son debate, la reserva de la diputada Rocío Adame, fue sometida a debate, obteniendo 18 votos a favor, 5 en contra y cero abstenciones.

Fue declarado el Dictamen en lo General y particular.

QUÉ ES LA INICIATIVA DE LA GOBERNADORA MARINA DEL PILAR

«La medida obedece, a que advertirnos que la gran concentración de atribuciones en la Fiscalía General del Estado representa una excesiva carga de trabajo que reduce su capacidad de respuesta en el rubro de prevención del delito y de las violencias, lo cual es
un reclamo sentido que recogimos durante el pasado proceso electoral», señaló en la exposición de motivos en el Dictamen 7 la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

«Por tanto, y dado que las acciones en materia de seguridad pública aplicadas hasta hoy no han dado los resultados del todo esperados, es indispensable emprender un viraje de rumbo», dijo la titular del Poder Ejecutivo en la Iniciativa, hoy convertida en Dictamen 7.

«Se aprueba la reforma a los artículos 7, 53, 54 y 69; la adición
de un Capítulo IV al Título Cuarto denominado DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, teniendo como inicialista Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El cambio del artículo 7 de la Constitución del Estado indica lo siguiente: «Toda persona tiene el derecho humano a la seguridad ciudadana y a vivir libre de corrupción».

La modificación del artículo 53 establece cambios, para quedar como sigue en el párrafo G: «ARTÍCULO 53.- (…) Las faltas de la persona titular de la Secretaría General de Gobierno, serán suplidas por el o la titular de la Secretaría de Hacienda».

La creación del Capítulo IV del artículo 54 de la Constitución local quedará como sigue:

CAPÍTULO IV
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
ARTÍCULO 54.- Las atribuciones que corresponden al Estado en materia de seguridad ciudadana, se ejercerán por conducto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dependiente del Poder Ejecutivo del Estado.
La seguridad ciudadana tendrá como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos; comprende la prevención especial y general de los delitos, así como la prevención social de las violencias con una perspectiva de género y enfoque diferencial; la inteligencia preventiva y la reinserción social, en un marco de respeto a los derechos humanos y con la participación de la ciudadanía.
La titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recaerá en la persona que designe el titular del Poder Ejecutivo del Estado, y contará con un Secretariado Ejecutivo, como órgano desconcentrado con autonomía técnica y de gestión, que ejercerá las atribuciones que determine la ley.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá a su cargo el Centro de Evaluación y Control de Confianza, para llevar a cabo los procesos que le correspondan en términos de ley.
El Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana se integrará y funcionará en los términos que establezca la ley.

El artículo 69 de la Constitución de Baja California indicará lo siguiente:

ARTÍCULO 69.- La institución del Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; tendrá a su cargo, la investigación y la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal; así como el promover, proteger, respetar y garantizar los derechos al conocimiento de la verdad, la reparación integral del daño y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.
Para la investigación de los delitos, el Ministerio Público se auxiliará de una policía que estará bajo su conducción y mando en el ejercicio de esta atribución. La Ley le establecerá su estructura y atribuciones. Asimismo, intervendrá en todos los demás asuntos que determinen esta Constitución y las leyes.
La Fiscalía General del Estado contará con un Órgano Interno de Control que tendrá las atribuciones previstas en las leyes aplicables, denominado Fiscalía de Contraloría y Visitaduría; cuyo titular será nombrado y removido por el Fiscal General del Estado al igual que a los demás fiscales que formen parte de la Fiscalía General del Estado.

Los artículos transitorios

El Dictamen 7 aprobado contempla 9 artículos transitorios, entre los que destaca todo el proceso de transición de la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las nuevas atribuciones que tendrá la Fiscalía General del Estado.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Una vez aprobado el presente Decreto de reformas por el Congreso del Estado, túrnese a los Ayuntamientos del Estado de Baja California, para el procedimiento previsto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
SEGUNDO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, y entrará en vigor el primero de enero de dos mil veintidós.
TERCERO. Dentro de los diez días siguientes a la publicación del presente Decreto, se constituirá un Comité Intersecretarial integrado por las personas titulares de la Secretaría General de Gobierno, quien lo presidirá, de la Oficialía Mayor de Gobierno, de la Secretaría de Hacienda, de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario del Estado y por las demás personas o dependencias que designe la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado. El Comité, en su primera sesión, determinará las reglas para su funcionamiento y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes.
Para los efectos del presente Decreto, el Comité tendrá por objeto:
a) Identificar los recursos humanos, financieros, bienes, patrimonio, fondos, participaciones o ministraciones presupuestales de carácter federal, activos y valores, o
en su caso, los pasivos que la Fiscalía General del Estado destina, ejerce o haya asumido para la atención de las atribuciones en materia de seguridad pública, incluyendo aquellos que para el ejercicio de esta función se le hubieran transferido a la Fiscalía General del Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo octavo transitorio del Decreto No. 7 de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado publicado el 23 de octubre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
Los bienes y recursos a que se refiere este inciso, deberán corresponder y ser proporcionales con la estructura orgánica y unidades administrativas con que cuenta la Fiscalía General del Estado, para el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública, autorizadas en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 y sus ampliaciones, y que conforme al presente Decreto corresponderán a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
b) Planificar, programar, proyectar, vigilar, evaluar y dar seguimiento a todas aquellas actividades y labores necesarias para la transferencia de los bienes y recursos a que se refiere el inciso a) al Poder Ejecutivo del Estado para ser destinados al ejercicio de las funciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
c) Realizar la transferencia de los bienes y recursos a que se refiere el inciso a), a más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.
d) Realizar los demás actos que sean necesarios para la correcta y cabal implementación del presente Decreto.
CUARTO. La Secretaría de Hacienda, contemplará en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2022, los ramos, programas y partidas que correspondan, a fin de garantizar el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
En la aprobación del Presupuesto Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 de la Fiscalía General del Estado, no se considerarán las partidas presupuestales destinadas a la atención de las atribuciones y funciones en materia de seguridad ciudadana y las correspondientes al personal, la infraestructura y equipamiento a través de los cuales, este órgano ejercía las atribuciones en materia de evaluación, control de confianza y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado.
QUINTO. Los recursos y participaciones correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y demás recursos que de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal corresponda percibir al Estado en materia de Seguridad Pública, serán administrados por el Poder Ejecutivo Estatal, para la consecución de los fines del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
SEXTO. En la transferencia de personal que se realice con motivo del presente Decreto, cualquiera que sea la naturaleza y forma en que presten sus servicios para la Fiscalía General del Estado o para la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, se respetarán en todo momento las condiciones y prestaciones que, en su caso, gozan en su relación con dichos órganos. Los trabajadores de base que como consecuencia de este Decreto sean transferidos, conservarán todos sus derechos laborales, de conformidad con las disposiciones aplicables.
SÉPTIMO. Hasta en tanto entre en vigor el presente Decreto, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California seguirán a cargo de las funciones, trámites, procedimientos y demás asuntos en materia de seguridad y reinserción social respectivamente, que corresponden al Estado, en los términos que actualmente disponen las leyes y las disposiciones reglamentarias vigentes.
Los trámites, procedimientos y demás asuntos en materia de Seguridad Pública, a cargo de la Fiscalía General del Estado o de reinserción social que corresponden a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, que se encuentren pendientes de concluir o resolver a la entrada en vigor de este Decreto, serán transferidos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para su conclusión aplicando lo que establecen las leyes y las disposiciones reglamentarias vigentes al momento de su inicio; salvo aquellos asuntos que por acuerdo del Comité, deban ser concluidos por la Fiscalía General del Estado o la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, en su caso.
OCTAVO. Las funciones, facultades, derechos y obligaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado en materia de seguridad y de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California en materia de reinserción social, respectivamente o aquellas que se les otorguen en contratos, convenios o acuerdos celebrados con dependencias o entidades del Gobierno del Estado; o con dependencias y entidades de la Federación y de los Municipios, o con cualquier persona física o moral, serán asumidas, en lo que le corresponda, por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de conformidad con las atribuciones que determinen las leyes aplicables.
NOVENO. A más tardar el 31 de diciembre de 2021 deberán aprobarse las modificaciones o abrogación de los ordenamientos legales que correspondan para dar cumplimiento al presente Decreto.

 

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