Anunció que se solicitará que Comisión de Fiscalización analice la cuenta pública de 2020 tras la denuncia penal por peculado que presentó el Gobierno del Estado
MEXICALI.-La pasada Legislatura aprobó autorizar al ex gobernador Jaime Bonilla, para que firmara un contrato con empresa privada y adquiriera Baja California compromisos financieros por el orden de los 49 mil millones de pesos, ahora con denuncia de penal de por medio por ese contrato con la empresa Next Energy, el presidente del Congreso del Estado, diputado Juan Manuel Molina, no encuentra culpa alguna en los 16 diputados de la 23 Legislatura que aprobaron ese Decreto 88.
El 16 de julio de 2020 fue aprobado el Decreto 88 por parte del Congreso del Estado, publicado el 24 del mismo mes en el Periódico Oficial del Estado.
Luego, el ex gobernador Jaime Bonilla presentó en octubre de 2020 Iniciativa para reformar el Decreto 88 aprobado en julio. Los diputados le dieron entrada en la Legislatura en octubre 2020, Decreto 88 que se refiere a un contrato plurianual para el suministro calificado de energía eléctrica derivada de una planta generadora solar fotovoltaica y que significará compromisos financieros por 30 años por un monto de más de 49 mil millones de pesos.
Uno de esos 16 legisladores de la 23 Legislatura del Estado, fue el actual Presidente del Congreso del Estado, diputado Juan Manuel Molina. En cosa de un mes aprobaron la propuesta de Jaime Bonilla, noviembre de 2020.
En uso de sus atribuciones aprobaron el contrato plurianual entre el Gobierno del Estado que encabezó Jaime Bonilla y la Empresa Next Energy, quien el pasado 25 de febrero la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no autorizó para construir y operar la planta fotovoltaica.
Como Poncio Pilatos, el diputado Molina eximió de toda a culpa a el ex diputado de Movimiento Ciudadano, Elí Topete, quien dictaminó y se manifestó a favor del Decreto de Bonilla, donde terminó trabajando al término de la Legislatura.
Los y las 16 legisladoras aprobaron un compromiso de 1,600 millones de pesos al año, en vez de pagar 1,200 millones de pesos anuales, porque se incluye pago de energía de Acueducto Río Colorado y el consumo energético en oficinas públicas.
En ese entonces, Molina dijo: «que la zona Costa tiene como necesidad el acueducto y las plantas de bombeo funcionan con energía eléctrica. ¿Por cuántos años se endeudará Baja California con la CFE si no se hace este documento? Si no se contrata con esta empresa esos mismos 30 años a quién se le pagará, cada mes el Estado está endeudado casa mes con la paraestatal».
A casi 2 años de esas palabras, Molina cuestionó que la CRE sí autorizó a empresa productora de energía en la CDMX.
Rechazó culpabilidad alguna en la autorización a Bonilla. Y como Poncio Pilato se lavó las manos.
«Se analizó en aquel momento de que pudiera celebrarse un contrato donde el gobierno adquiriera energía, la Ley lo permite que particulares o gobiernos adquieran energía eléctrica», expresó en rueda de prensa.
El legislador morenista, visiblemente nervioso, justificó el voto a favor en la 23 Legislatura.
El pasado 4 de marzo la gobernadora Marina del Pilar Avila, denunció penalmente a 10 ex funcionarios de la administración de Jaime Bonilla, por el contrato firmado con Next Energy y que daña las finanzas públicas del Gobierno del Estado.
Molina está de acuerdo con la denuncia penal, y que participará en ellos, además de indagar a través de la Comisión de Fiscalización de la Cuenta Pública 2020.
La rueda de prensa fue para responder a las acusaciones del dirigente estatal del PAN, Mario Osuna, quien presentó demanda de Juicio Político contra los 16 diputados de la 23 Legislatura que aprobaron la autorización a Bonilla para firmar con Next Energy.
Estos fueron los y las 16 Diputadas que en 2020 votaron a favor de la planta fotovoltaica.