MEXICALI.- Luego de 3 días de silencio y en medio de la tormenta institucional que sacude a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) por investigaciones de desaparición forzada que involucran a ex director, excomandantes y agentes, el actual titular, Luis Felipe Chan Baltazar, lanzó un desesperado llamado a la ciudadanía: «confíen en la policía».
Mientras el jefe policial intenta apagar el fuego del descrédito, la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez revivió un episodio que enciende las alarmas sobre las omisiones políticas en la corporación. La presidenta municipal recordó públicamente el día en que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) le pidió denunciar penalmente a Pedro Ariel Mendívil Cotero, quien en ese momento fungía como titular de la DSPM.
Pese a la gravedad de la advertencia del Ejército Mexicano, Bustamante Martínez minimizó el hecho asegurando que la petición no le levantó sospechas. Su justificación para mantenerlo en el cargo fue la falta de «pruebas» contundentes para actuar en consecuencia.
Fiel a su postura de blindaje político, la alcaldesa declaró tajantemente que no se arrepiente de haber elegido a Mendívil Cotero para dirigir a la policía de Mexicali. Asimismo, evitó emitir un juicio de valor sobre los señalamientos y adelantó que esperará la resolución legal del juicio para fijar una postura definitiva.
La red delictiva bajo proceso
La Fiscalía General del Estado (FGE) desmanteló parte de la estructura que operaba en la corporación. Actualmente, se encuentran bajo proceso formal y tras las rejas los siguientes mandos y elementos implicados en los casos de desaparición forzada:
- Pedro Ariel Mendívil Cotero: Exdirector de la corporación.
- Luis Alfonso Jacobo (alias «Eduardo Luis Alfonso»): Excomandante operativo de la DSPM.
- Juan Carlos “N”: Exagente municipal.
- Kevin González Álvarez: Exagente municipal.
- Eduardo “N”: Exagente municipal.
A esta lista de capturas recientes se suman las vinculaciones a proceso dictadas contra los oficiales Hiram Sinhue Figueroa, Manuel Alberto Castro e Isaac Sergio Ortiz, todos ellos acusados formalmente de detener ilegalmente y desaparecer a ciudadanos en la capital del estado.
La narrativa oficial de «esperar los tiempos legales» contrasta con la crisis de confianza de una corporación bajo la lupa por el peor de los delitos: la desaparición de personas a manos de quienes juraron proteger a los cachanillas.
