Comunicado de prensa
Diputada Santa Alejandrina Corral pide informar el estado jurídico del Consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social
Mexicali, B.C., sábado 19 de septiembre de 2026.- Con el propósito de fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos públicos destinados a causas sociales se asignen bajo reglas claras y verificables, el Pleno del Congreso del Estado emitió un atento exhorto a la Secretaría de Bienestar y al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de Baja California.
El acuerdo presentado por la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, busca dar certeza tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a las personas y comunidades que reciben atención a través de ellas.
En ese sentido se solicita a la Secretaría de Bienestar del Estado que informe y haga pública, de manera detallada y accesible, la información sobre el mecanismo jurídico, administrativo y presupuestario utilizado durante 2026, para determinar la elegibilidad, selección, asignación, entrega y comprobación de los recursos destinados a las organizaciones de la sociedad civil.
Entre la información requerida se encuentra el Catálogo Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil 2026, el número de agrupaciones inscritas y su distribución por municipio y objeto social; también se pide precisar cuáles recibieron recursos, los montos autorizados y entregados, las fechas, programas y finalidad específica de cada apoyo.
Por otro lado, solicita que se indique el estado jurídico y administrativo del Consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social, cuyas sesiones se encuentran suspendidas desde 2020, por lo que la inicialista considera necesario esclarecer cómo se ha desarrollado el procedimiento previsto para distribuir los recursos públicos destinados a las organizaciones.
La diputada Santa Alejandrina Corral señaló en su proposición que la transparencia en estos procedimientos debe funcionar también como una herramienta de protección para las propias organizaciones, al establecer condiciones equitativas y reducir espacios para discrecionalidades, favoritismos o señalamientos injustificados.
“La proposición parte de la relevancia que tienen estas organizaciones en la atención de personas en situación de vulnerabilidad, mediante acciones de asistencia social, protección de niñas, niños y adolescentes, atención a personas con discapacidad y adultos mayores, prevención de adicciones, salud, migración, medio ambiente y desarrollo comunitario, entre otros ámbitos”, abundó.
