Niega titular del Poder Judicial líos con drogas en EUA y México

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MEXICALI.- Luego de una campaña de una organización “Mexicali contra la corrupción” en contra del presidente del Poder Judicial del Estado, Magistrado Jorge Armando Vásquez, el funcionario rechazó que tenga antecedentes penales en Estados Unidos y México por tráfico de drogas.

En una rueda de prensa, el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), dijo que podría tratarse de un anónimo porque no han dado la cara los autores de dicha campaña.

De igual forma, indicó que rechazó cualquier vínculo con los hechos que se denuncian.

Sobre la calzada Independencia a la altura de la Anáhuac y sobre la Calle Colón, en la Línea Internacional, fueron colocados dos anuncios espectaculares, se repartieron comunicados en Centro Cívico y se compartieron vídeos de los supuestos hechos que vincular al responsable del Poder Judicial en Baja California.

Antonio Heras/LinderoNorte

Mexicalil.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Baja California, Jorge Armando Vásquez, cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos por posesión de droga.

El magistrado fue detenido por agentes federales estadunidenses, a finales de junio de 1980, cuando desde Mexicali intentó cruzar en carro a la ciudad de Calexico, California.

Hasta el momento, el magistrado ha mantenido oculto este antecedente penal que lo habría imposibilitado incluso de hacer una carrera judicial, aunque el delito de haya cometido en otro país, en este caso Estados Unidos.

Tres eran los tripulantes del vehículo, según fuentes consultadas: el magistrado era el conductor, el propietario iba de copiloto y en el asiento trasero viajaba Carlos Cataño González, quien años después se desempeñaría como juez federal y magistrado del Poder Judicial del Estado hasta su inhabilitación por negligencia en su actuación como juzgador.

Agentes del Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos condujeron el carro a segunda revisión donde encontraron mariguana, en cantidad superior a la mínima para consumo, por lo que inició el proceso por el delito de posesión de enervantes y su intento de introducirlos a Estados Unidos.

Con el número de preso 86608-079, Vásquez  ingresó a la cárcel del condado de Imperial, California, ubicado a 30 kilómetros de la frontera con Mexicali, donde permaneció un par de meses y fue liberado al reconocer su culpabilidad. Su expediente trascendió una vez que pasó el tiempo marcado por la legislación estadunidense para su publicación.

Vásquez mantuvo oculto este antecedente judicial por más de tres décadas durante el cual se convirtió en abogado, realizó su carrera judicial como proyectista de sala hasta ser magistrado y desde mayo de 2015 ser presidente del Tribunal Superior de Justicia, tras el suicidio de su antecesor Marco Antonio López Magaña al término de una gira del presidente Enrique Peña Nieto por el puerto de San Felipe, en el Mar de Cortés.

La fracción VII del artículo 60 fracción de la Constitución local señala que un requisito para ser magistrado es necesario gozar de buena reputación y buena fama pública.

Actuación judicial

Durante la gestión del magistrado Armando Vásquez, el Consejo de la Judicatura aprobó el haber de retiro de magistrados con el 100 por ciento de su salario más gastos médicos, el cual podía ser heredado por sus hijos hasta que cumplieran 25 años de edad y a sus viudas siempre y cuando no contrajeran nuevas nupcias.

Ante la presión social, un juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación dejó sin efecto estas prebendas a partir de un juicio de amparo que se promovió y del que se obtuvo un fallo favorable que declaró inconstitucional las medidas del reglamento.

El Colegio de Abogados promovió juicio político contra Vásquez pero fue desechado por el Congreso local al señalar que las modificaciones al reglamento se derogaron, lo que provocó que los juristas mantengan un juicio de amparo por la decisión parlamentaria que se encuentran en proceso de resolución.

En junio de 2017, el magistrado Cataño González, el tercer tripulante del vehículo cuando fue detenido en junio de 1980, fue inhabilitado por el Consejo de la Judicatura Federal por un procedimiento administrativo que se le instauró por su actuación cuando fungió como juez de Distrito pero Vásquez lo sostuvo durante dos meses más en el cargo de magistrado en la Quinta Sala y en el pleno del TSJBC, pese a ser notificado de manera oficial, hasta que el Congreso local lo separó por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cataño fue inhabilitado por notoria negligencia al otorgar suspensiones en contravención del artículo 192 de la ley de amparo que permitieron que una gran cantidad de autos fueran introducidos al país sin pasar por controles fiscales y de certificación de origen ni pagar derechos de importación

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