Denuncia penal contra Bonilla y «Kiko» Vega

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Comunicado

Se forma carpeta de investigación en la FGR, contra Kiko Vega, Jaime Bonilla, Víctor Moran y demás Legisladores que aprobaron la denominada “Ley Bonilla”

LOS DELITOS COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

TIJUANA.- Un grupo de ciudadanos, la mayoría vinculados al PAN, presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra aquellas personas que estuvieron involucradas en la elaboración de la «Ley Bonilla», que fue la ampliación a la gubernatura de 2 a 5 años y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la calificó un fraude contra la Constitución y al voto popular.

En la denuncia se incluye al ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y al actual mandatario estatal Jaime Bonilla.

Los delitos por los que se les acusa a servidores públicos que el 8 de julio de 2019 se confabularon para reformar el artículo 8 transitorio de la Constitución del Estado, fueron Coalición de Servidores Públicos, Tráfico de Influencias, Operaciones con Recursos de Procedencia Il{ícita y Enriquecimiento Ilícito.

La denuncia incluye a los munícipes o integrantes de los Ayuntamiento de Tecate, Rosarito y Ensenada que en su momento votaron a favor de la inconstitucional reforma que amplió de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

El Abogado del grupo ciudadano, Juan Marcos Gutiérrez González, explicó que la “operación” de los legisladores pudo haber actualizado el tipo penal denominado “Coalición de Servidores Públicos”, que ocurre cuando los funcionarios se ponen de acuerdo para, deliberadamente, contrariar una ley o impedir su aplicación, que en este caso lo fue, el artículo 105 constitucional en su fracción ll que prohíbe cambios a la parte esencial de un proceso electoral una vez iniciado el mismo. En el caso que se denuncia se cambió, ni mas menos, el periodo de gobierno para el que fue electo el gobernador Bonilla de 2, a 5 años.

El tráfico de influencias es la conducta que se les atribuye al Gobernador Bonilla y ex Gobernador Kiko Vega, por haber gestionado y utilizado sus vínculos e influencias para lograr esa reforma, enfatizando en que el beneficiario directo resultaba ser Jaime Bonilla Valdez.

Dados los indicios que se hicieron públicos en su momento, también se denunció el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por los pagos que pudieron haber recibido quienes aprobaron la denominada “Ley Bonilla” y, por último; también se señaló la posibilidad del delito de enriquecimiento ilícito (inexplicable) por parte de el ex Gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid, en virtud de la mansión en Cumbres de Juarez, Tijuana, que se atribuye como de su propiedad y/o de su familia, y que no guarda congruencia con los ingresos declarados durante el sexenio que gobernó.

Por último, el abogado precisó que la competencia federal se surte por varios motivos, que incluyen el hecho de que hay delitos federales claramente denunciados, mas la concurrencia que pudiere existir en el delito de Coalición de Servidores Públicos al haber sido violentada una norma federal como lo es el artículo 105 constitucional; al tiempo que también explicó que en cualquier caso, se solicitó a la Fiscalía General que de ser necesario, ejerza la atracción correspondiente en términos del artículo 4° de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que faculta al Fiscal General a atraer los asuntos cuando no hay garantías de imparcialidad en un asunto concreto, aclarando que en el caso que nos ocupa, la relación afectiva entre el Gobernador y el Fiscal del Estado de Baja California es pública y notoria, motivo por el cual, en el fuero común de Baja California no se garantizaría una investigación imparcial.

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