MEXICALI.-Mediante un posicionamiento público, diversas organizaciones ciudadanos señalaron que la Patrulla Espiritual, dedicada a privar de la libertad a los y las adictas a drogas en Mexicali, Playas de Rosarito y Tijuana, ha violentando los derechos humanos, por lo que solicitaron que la Subdirección de Diversidad e Inclusión del Ayuntamiento de Tijuana ante un amplio abanico de posibles violaciones a los derechos humanos de una mujer trans.
Mediante un vídeo en redes sociales, el famoso «Chiquilín» trató a Manuel sin reconocer el derecho a identidad, tratándolo como hetero. El líder de la Patrulla Espiritual se estuvo mofando durante todo el camino contra la mujer trans.
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POSICIONAMIENTO DENUNCIA PÚBLICA CONTRA LA AGRUPACIÓN
“LA PATRULLA ESPIRITUAL” POR DIVERSAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y APOLOGÍA DEL DELITO DE ESFUERZOS PARA CORREGIR LA ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO (ECOSIG)
MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
DR. ISMAEL BURGUEÑO RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TIJUANA
RICARDO LEONELL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
MA. ELENA ANDRADE RAMÍREZ
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GRAL. LAUREANO CARRILLO RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DR. JOSÉ ADRIÁN MEDINA AMARILLAS
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA JORGE ÁLVARO OCHOA ORDUÑO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
LIC. JOSÉ ÁNGEL VIZCARRA REYNOSO
FISCAL ESPECIALIZADO EN DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
MTRA. ALEJANDRA BASALDÚA SILVA
COMISIONADA EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS (CEEAV)
P R E S E N T E S:
Colectivas, colectivos, activistas independientes, organizaciones de la sociedad civil,
ciudadanía y personas defensoras de derechos humanos exigimos la intervención inmediata de la
Subdirección de Diversidad e Inclusión del Ayuntamiento de Tijuana ante un amplio abanico
de posibles violaciones a los derechos humanos de una mujer trans privada de su libertad por
integrantes de la denominada “Patrulla Espiritual”.
Las organizaciones, colectivas y personas firmantes expresamos nuestra profunda indignación
y preocupación por los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en la ciudad de Tijuana, Baja
California, en los que una mujer trans fue víctima de privación ilegal de la libertad por parte de
integrantes de la agrupación denominada “Patrulla Espiritual”, quienes la trasladaron contra su
voluntad a uno de sus centros de supuesta “rehabilitación”.
Acorde con los videos y testimonios difundidos públicamente, durante este proceso la víctima
fue sometida a actos de violencia y humillación dirigidos específicamente contra su identidad y
expresión de género. En las imágenes se observa a la mujer visiblemente asustada, solicitando
ser liberada y manifestando su negativa rotunda a ser trasladada; no obstante, las personas
involucradas ignoraron sus súplicas y procedieron a vulnerar su dignidad humana. Los intentos
de imponerle vestimenta masculina y cortar su cabello no son solo actos de fuerza, sino
que constituyen violencia simbólica, psicológica y de género, así como posibles tratos
crueles y degradantes motivados por el prejuicio.
Estos actos representan además, un claro intento de Esfuerzo para Corregir la Orientación
Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), conducta tipificada como delito en el Código Penal
para el Estado de Baja California bajo el capítulo de delitos contra el Libre Desarrollo de la
Personalidad, manifestándose en este caso en grado de tentativa y mediante el uso de
violencia física y moral.
Estos hechos representan una grave violación a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su Artículo 1o, que prohíbe toda discriminación motivada por preferencia sexual o por identidad y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad e interdependencia. Asimismo, se vulneran diversos instrumentos internacionales suscritos por México que protegen de manera reforzada el derecho a la identidad de género, a la libertad personal, al libre desarrollo de la personalidad y el derecho fundamental a vivir una vida libre de violencia y discriminación.
@rambo.ruiz.perez
La actuación de cualquier organización o grupo civil no puede estar por encima de la ley ni justificar prácticas de internamiento forzado, tratos crueles, degradantes o discriminatorios, particularmente contra personas de la diversidad sexual y de género, quienes históricamente han enfrentado violencia y exclusión estructural e institucional.
Por ello, exigimos a todas las autoridades enunciadas:
1. Que intervengan de manera inmediata para verificar el estado físico, psicológico y jurídico de
la víctima;
2. Que se garantice su integridad, libertad y acceso a medidas de protección;
3. Que se investiguen los hechos denunciados y posibles actos constitutivos de privación ilegal
de la libertad, violencia de género, discriminación y delitos contra el libre desarrollo de la
personalidad (ECOSIG);
4. Que se emita un posicionamiento público en defensa de los derechos de las personas trans y
de toda la diversidad sexogenérica;
5. Que se dé vista a las instancias competentes de derechos humanos y procuración de justicia
para deslindar responsabilidades;
6. Que se revisen las condiciones y prácticas de los llamados centros de “rehabilitación”
vinculados a este tipo de operativos, particularmente cuando existan denuncias de violencia,
coerción o internamientos involuntarios;
7. Que se garantice la reparación integral del daño a la víctima, que incluya medidas de restitución, rehabilitación psicológica especializada con perspectivas de género y de derechos humanos, satisfacción para restablecer su dignidad y garantías de no repetición, conforme a la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California.
8. Que el Instituto Municipal de Salud Mental y Adicciones (IMSAMA) y la Secretaría de Salud del Estado realicen, de manera inmediata, una auditoría técnica y operativa a los establecimientos denominados “centros de rehabilitación” vinculados a la agrupación “La Patrulla Espiritual” y otras en estado operativo. Esta vigilancia debe garantizar que dichos espacios cumplan con la NOM-028-SSA2-2009 y que no se realicen prácticas de internamiento involuntario, tortura, tratos degradantes ni intentos de aplicar ECOSIGs, procediendo a la clausura inmediata de aquellos que operen fuera del marco legal y de derechos humanos.
Asimismo, hacemos un llamado particular a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a todas las autoridades municipales y estatales correspondientes para garantizar una investigación diligente con perspectivas de género y de diversidad sexogenérica.
La dignidad, identidad y libertad de las personas trans no son negociables. Ninguna forma de violencia o “rehabilitación” basada en la imposición, el castigo o la negación de la identidad puede ser tolerada.
¡Las vidas trans importan!
¡No más violencia contra personas de la diversidad sexual y de género!
¡Ningún internamiento forzado bajo el pretexto de ayuda o rehabilitación!
México, México, a los 10 días del mes de mayo del año 2026.
