Por Jaime Delgado
MEXICALI.- El gobierno de Enrique Peña Nieto castigó a las constructores de Baja California, desplazándolas para que las licitaciones de obras públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Capufe (Caminos y Puentes Federales) solamente se realizaran en la Ciudad de México, cuando en anteriores gobiernos fue lo contrario.
Esta situación significó que más de 1,500 millones de pesos, que antes de licitaban a nivel local, ahora se compite con empresas foráneas quienes llegan al Estado para realizar la obra subcontratando a compañías locales a bajos precios, en algunos casos ya traen amarrados los materiales con empresas de otros Estados.
Todo fue denunciado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Federico Díaz Gallego y el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Alfredo Gómez. Pero quien reveló sobre la denuncia de corrupción en licitaciones y el asunto de la concentración de las licitaciones federales fue el propio delegado de la Secretaría de Gobernación, José Luis Hernández Ibarra.
Las licitaciones que hace al año Capufe y SCT en Baja California, asciende en conjunto 1,500 millones de pesos, dinero que se movía localmente porque las empresas de la entidad se beneficiaban, en los tres años del presidente Enrique Peña Nieto, todo se licita en la Ciudad de México.
SCT maneja un presupuesto anual en licitaciones para la entidad del orden de los mil millones de pesos y Capufe ronda en los 400 millones de pesos.
El presidente de CMIC acusó que se subcontratan a bajos precios empresas foráneas, traen contrato pero nada de maquinaria y bajan los precios hasta 70% para las constructoras de Baja California.
A nivel estatal participan hasta 30 compañías en licitaciones de obras federales, pero ahora Baja California está repleta de empresas foránea .
Los dirigentes de los organismos empresariales coincidieron en señalar que a raíz de este desplazamiento de empresas locales se abandonan obras -sin especificar cuáles y dónde-, y hay caso de rescisión de contratos.
El panorama se ha complicado al privilegiarse a constructores de otros estados de la república mexicana, para hacer obras en Baja California, apuntó.