Mexicali.- Tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California se autorizaron una compensación de aproximadamente 4 millones de pesos cada uno al momento de dejar el cargo, sin importar la causa de su salida, bajo el argumento de una “indemnización por despido injustificado”.
El ajuste fue publicado en sus propios contratos laborales, generando cuestionamientos tanto en el ámbito político como jurídico, ya que esta decisión fue tomada de manera interna, sin aprobación externa ni control legislativo, aprovechando la autonomía del poder judicial.
Ante esta situación, el diputado local Juan Manuel Molina promovió un amparo, mientras que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, ha sostenido mesas de trabajo con el tribunal para revisar el tema.
El titular de la Secretaría General, Alfredo Álvarez, aclaró que no se trata de una injerencia en el órgano autónomo, sino de un acercamiento institucional para revisar los términos de dicha compensación: “Respetamos la autonomía del tribunal”, subrayó.
Desde la Consejería Jurídica del Estado se ha reconocido que el acuerdo puede tener sustento legal, aunque también existen otras interpretaciones que podrían permitir revertir la decisión.
Por su parte, el Tribunal de Justicia Electoral ha mostrado voluntad de diálogo, por lo que las autoridades estatales no descartan que el acuerdo pueda ser modificado o incluso cancelado en los próximos días.
